Caracas, 19 Oct. ABN.- La publicación del informe anual sobre la situación de corrupción en el mundo por parte de la Organización Transparencia Internacional, en el que Venezuela ha sido ubicada en el puesto 130, pone la lupa sobre una institución privada cuestionada en algunos países y con fuertes vínculos opositores en el caso venezolano.

Desde hace varios años, alrededor de la segunda quincena de octubre, se publica en Venezuela un informe de la organización Transparencia Internacional, con sede en Alemania, en el que se pretende medir el “nivel de corrupción en el mundo”.

Este año no ha sido la excepción, y Venezuela nuevamente es ubicada entre los países con mayor gravedad –en teoría- en materia de corrupción.

A pesar del impacto que la publicación de estos informes genera, los resultados de estos reportes se basan en un instrumento que recoge las opiniones de empresarios y analistas privados, su fundamento metodológico se desconoce y no se plantean medir los niveles de corrupción del sector privado.

En Venezuela, la historia de esta organización demuestra sus fuertes vínculos con la oposición política al Gobierno del presidente Hugo Chávez, y en particular con sectores vinculados al Golpe de Estado del año 2002, relaciones que generan fundamentadas dudas sobre los resultados contenidos en el informe y sobre los verdaderos fines de la organización.

"Transparency International" nació en Alemania y extendió sus oficinas a Londres. Entre 1995 y 1999 los directivos del llamado Capítulo Venezuela eran, por un lado, Gustavo Coronel, vinculado al ex gobernador de Carabobo, Henrique Salas Romer, y director de la revista y página web Petroleum World, medio de comunicación usado como plataforma de ataque para atentar contra Venezuela y su industria petrolera.

Coronel trabajó en el Capítulo Venezuela de Transparencia Internacional al lado de Alberto Quirós Corradi, el otro directivo, destacado vocero de la Coordinadora Democrática durante el proceso de Referendo Presidencial del año 2004.

Quirós Corradi es un empresario, ex director del diario El Nacional y ex gerente petrolero, acusado en este Gobierno de adquirir- mediante interpuestas personas - y por 600 mil dólares la empresa Bepeca, cuyo valor real era de 21 mil millones de bolívares.

Desde los años 1996-1999, Alberto Quiroz Corradi y Gustavo Coronel dieron a conocer su "ranking mundial" sobre corrupción, en el que invariablemente Venezuela salía "mal parada".

A partir del año 2000, la organización en nuestro país cambia de nombre. En vez de "Transparency International Venezuela", se llama "Transparencia Venezuela". Su Consejo Directivo está integrado por personas con fuertes vínculos con la oposición venezolana, lo que cuestiona la imparcialidad y objetividad de sus criterios y opiniones.

La organización en Venezuela es presidida por Antonio Herrera Vaillant, directivo de la Cámara Venezolana Americana de Comercio –Venamcham, organismo que apoyó las acciones desestabilizadoras contra la Constitución Nacional y el Gobierno durante el período 2002-2003.

Se encuentran también en la directiva: Aurelio Concheso, activista empresarial antigobierno, vinculado al Centro de Divulgación del Conocimiento Económico (Cedice), otra Organización No Gubernamental (ONG) opositora financiada por el Gobierno de Bush.

Cedice fue firmante, “en representación de la sociedad civil”, del Decreto de Pedro Carmona, mediante el cual se disolvieron todos lo poderes públicos en abril de 2002.

Por otra parte se encuentran Fouad Sayegh, profesor de la Universidad Metropolitana y miembro de Fedecámaras, ligado a la Cámara Construcción; Mercedes De Freitas, gerente privada, perteneciente al mismo grupo de Cira Romero Barboza y de Venamcham, una mujer joven, antichavista, ligada a María Corina Machado; Robert Bottome, conocido radical opositor, dueño y editorialista del boletín VenEconomía, ligado al empresario opositor, Marcel Granier, y al Grupo 1BC; Miguel Bocco, ex presidente de la Cámara Petrolera, vinculado a Quirós Corradi y a Rafael Tudela, fue presidente de una empresa petrolera llamada Vipeca C.A, y apoyó el golpe petrolero de 2002-2003; y José Antonio Muci, abogado, ligado a la Bolsa de Caracas.

Hasta hace poco, en la Directiva de Transparencia Venezuela participaba también uno de los máximos accionistas del Grupo Mercantil, Alberto Vollmer.