San Crsitóbal- Dos condenados, un acusado, 12 órdenes de aprehensión y un total de 27 propiedades, de las cuales 25 son grandes extensiones de tierra supuestamente dedicadas a la producción agropecuaria, permanecen ocupadas por efectivos de la Guardia Nacional.

Éstas son parte de las pruebas con las que se desmantela una red internacional del narcotráfico donde las investigaciones señalan como cabecilla al hijo de un ex senador colombiano.

El número de imputados asciende a más de 20 personas de todas las jerarquías relacionadas con la organización de la red.

De éstas, sólo cuatro permanecen privadas de libertad y otros son prófugos de la justicia. La mayoría está fuera del país y la Interpol los busca, luego de la notificación de la fiscalía.

El caso de las “narcofincas” comenzó con una incautación de estupefacientes, el pasado 10 de marzo, en la empresa de encomiendas Posnet.

En los operativos efectuados por los militares se recogieron más de 144 kilogramos de droga, entre ellos, casi tres kilos de heroína.

Luego de las incautaciones “el Ministerio Público se montó conjuntamente con el juez Octavo de Control, Jorge Ochoa Arroyave, en un seguimiento a las declaraciones de los posibles imputados de la investigación. “Los testimonios dan pie a que nosotros prosigamos con los nombres que aparecían, los nuevos muebles e inmuebles, así empezó esta cadena de investigaciones recolectando las evidencias de carácter criminalístico”, explicó el fiscal superior del Táchira, Enio Ortiz Colina.

Las conexiones establecidas por el Ministerio Público en trabajos con el Comando Regional número 1 de la GN presentó el caso al Poder Judicial que ordenó las medidas de ocupación de 17 fincas, una casa y dos galpones industriales en el Táchira, dos unidades de producción agropecuaria en Apure y otras tres en Barinas.

Las órdenes emitidas por Ochoa apuntan a que estas haciendas son fachadas para la legitimación de propiedades y capitales obtenidos a través del ilícito del narcotráfico (lavado de activos), lo que supondría la violación del artículo 37 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, señaló el general de brigada (GN) Jaime Escalante, jefe del Core 1.

¿Productoras?
Las estimaciones oficiales indican que las extensiones de los hatos superan las 50 mil hectáreas y las 30 mil cabezas de ganado, las cuales, de pasar al Estado, luego de cumplirse con los procesos de ley, serán de utilidad pública y podrían ser utilizadas en los programas sociales del Gobierno nacional, tal como lo declaró recientemente el presidente Hugo Chávez.

En una de las fincas ocupadas en Táchira, El Palmichal, se encontraron 5,1 toneladas de urea.

Éste es un producto químico de uso frecuente en la agroindustria, el cual debe cumplir con una normativa para su manipulación ya que también es utilizado para extraer el amoníaco indispensable para el procesamiento de cocaína.

En la ocasión, el general Escalante y el fiscal Ortiz, informaron que en el proceso de verificación de la sustancia se determinó que en la urea había trazas de cocaína, al igual que en el lugar donde fue incautada.

Por su parte, los abogados defensores alegaron que la urea era para la agricultura, pero los informes señalan que todas las fincas ocupadas son de producción de ganado vacuno sin que se efectúe siembra.

Implicados

Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público señalan como el cabecilla o líder de la red de narcotráfico, con conexiones con los Estados Unidos y Europa, al ciudadano colombiano Felipe Andrés Ocampo Sequeda, de 31 años, hijo del ex senador de Colombia, Guillermo Ocampo Ospina.

En una oportunidad, durante las incautaciones de droga, en Posnet, el hermano del ex senador, Ernesto Ocampo Ospina, fue detenido como parte de las investigaciones, aunque unos días más tarde salió libre.

El fiscal superior apuntó que se ha determinado que algunos dueños de las fincas son supuestos testaferros, cuyos registros de catastro y tradición legal del inmueble muestran sobreprecio por encima del triple o cuádruple de bienes semejantes en la zona.

Mientras que otras propiedades aparecen bajo los nombres de integrantes de la familia Ocampo Ospina desde hace muchos años.

El pasado jueves, los investigadores junto con representantes de la Superintendencia de Bancos, visitaron una entidad financiera donde obtuvieron copias certificadas de unas 30 cuentas, donde se movilizaban grandes sumas de dinero, algunas por millardos de bolívares.

Los implicados “han intentando realizar movimientos bancarios y nosotros tenemos que determinar responsabilidades, ya que nosotros prohibimos el movimiento de esas cuentas y los expertos determinan que ciertamente ha habido movimientos a posteriori”, recalcó el fiscal.

Defensa

Didier Contreras y Oscar Duarte, quienes eran los abogados defensores de la familia Ocampo Sequeda, han sido imputados por la fiscalía y tienen medidas privativas de libertad por ser partícipes del delito que se le imputa al colombiano.

Contreras y Duarte han nombrado como defensa al abogado Jesús Vivas Terán quien ha declarado que no ha podido tener acceso al expediente por una “interminable reserva” de los tribunales, alegando además, que no hay sustento legal sobre los cargos que se les imputan a sus defendidos.

Vivas Terán afirmó que las investigaciones obedecen a un atropello y que hay intereses en el Estado en quedarse con las fincas.

“Hacen vinculaciones débiles, se apropian de las fincas, ya no es sólo el método Chaz, sino que las toman y ya, eso no es legal”, aseveró Vivas Terán.

Al respecto, el fiscal Ortiz mencionó que los antiguos abogados habían declarado que “no sabían nada, que no estaban al tanto de nada, creen que de una u otra manera no es idóneo o correcto lo que estamos haciendo, pero nuestros expertos son de renombrada calidad y experiencia y el Ministerio Público y el Poder Judicial creen en las evidencias colectadas.
Fuentes extraoficiales han denunciado que filtraciones de información en los organismos de seguridad del Estado previnieron los procesos efectuados en algunos inmuebles.

Incluso, que sobre los sacos de urea se encontraban las panelas de cocaína que fueron sustraídas antes del procedimiento judicial.

SE BUSCAN

En su debida oportunidad, el Tribunal 8º de Control dictó órdenes de aprehensión contra Felipe Andrés Ocampo Sequeda (hijo del ex senador colombiano Guillermo Ocampo), Carmen Gloria Cecilia Sequeda de Ocampo (esposa del ex senador), Ernesto Ocampo Ospina (hermano del ex senador), Luis Armando Márquez, Didier Enrique Contreras, Oscar Duarte Ramírez, Ángel Eladio Duque, Renato José Laporta, Consuelo Suárez Franco, Jhon Michael Vargas, Gustavo Quiroz Montoya y Alcides Ocampo, por su presunta vinculación con los hechos investigados.