El viceministro de comunicaciones venezolano, William Castillo, visitó Holanda para dar a conocer la política de medios del gobierno de Hugo Chávez. Después del golpe que lo desplazó del poder por unos días y tras el referéndum que lo confirmó, Chávez enfrenta a las empresas periodísticas.

William Castillo¿Con este viaje a Holanda está buscando aclarar cuál es la política en materia de comunicación en Venezuela y, a la vez, responder a las críticas?

Nos encontramos aquí en Holanda un poco para dar cuenta de esos aspectos que tu dices. Sabemos que lo que está pasando en Venezuela genera mucho interés en el mundo, pero también sabemos que existe un alto grado de desinformación sobre muchos de los aspectos que tienen que ver con el desarrollo de la política interna en Venezuela y especialmente en el tema de medios de comunicación. De manera que estamos dispuestos a llenar esos vacíos de información y también a responder a las críticas que se han hecho. Estamos convencidos de que en Venezuela hay un proceso democrático, legal, constitucional y en el país se respetan plenamente las garantías de libertad de expresión, derecho a la información y libertad de conciencia. Podemos demostrar claramente que no existe un proceso político, ni gubernamental ni legal dirigido a cambiar la situación de los medios de comunicación.

Antes de pasar a esas críticas. ¿Explíquenos por qué el gobierno de Hugo Chávez tiene tanto interés en los medios de comunicación?

Los medios de comunicación tienen una poderosa influencia en la sociedad venezolana. Tenemos más de 40 estaciones de televisión privada y más de 400 radios privadas. El Estado sólo dispone de dos canales de televisión y dos circuitos de radio. El 85 % del poder de emisión lo tiene el sector privado. Existen dos grandes grupos que manejan la televisión y cuatro grandes grupos económicos que manejan las radios. De modo que tenemos un sector muy poderoso económicamente y muy concentrado, que ha jugado un rol, no de mediador social, no de transmisor de las informaciones, sino que ha jugado un rol político en Venezuela.

Detrás de estas medidas, como la creación de una ley de comunicación, como ha sido propiciar la creación de nuevos canales de televisión, como Telesur, ¿no podemos ver la revancha de Hugo Chávez contra esos medios que están mayormente en manos de la oposición, la misma oposición que apoyó el golpe en 2002?

Es una lectura de la realidad de Venezuela. Nosotros respetamos esa lectura, sin embargo, desde nuestro punto de vista es incierta porque la ley se empieza a discutir en el año 2000, se detiene porque ocurre el golpe de Estado (el 11 abril de 2002). Hubo un proceso de casi 18 meses de discusión pública, participaron más de 300 organizaciones en el diseño original de la ley, con muchas críticas, por supuesto. Y se cambiaron muchas cosas, a raíz de esas críticas. Pero ese proceso se detuvo en el 2002, justo hasta después del referéndum (15 de agosto de 2004) y el gobierno retoma la discusión a partir de ahí. Por supuesto que al plantearse la ley en este momento genera todo tipo de suspicacias, pero realmente es una reivindicación histórica que se ve en un momento de polarización política digamos, más en el ojo del huracán. Pero realmente esto tiene que ver con un cambio estructural en la sociedad venezolana, aunque pudiera ser interpretado coyunturalmente como un tema político.

Abordemos entonces la Ley de Representación Social. Organismos internacionales cuestionan varios puntos. Por ejemplo, su carácter altamente punitivo -enumera 47 posibles infracciones. Dicen que su interpretación es tan amplia que podría conducir a sanciones desproporcionadas, a la intervención de los medios...

La ley está montada sobre un concepto fundamental que es la "responsabilidad ulterior". La responsabilidad ulterior es un concepto jurídico que está recogido hasta en la Declaración de San José y en los pactos internacionales sobre Derechos Humanos. Quiere decir que se prohíbe toda censura, como en efecto ocurre en Venezuela, pero existe una responsabilidad después que el mensaje ha sido emitido. Te repito, se le puede agregar a la realidad de Venezuela un grado mayor de conflictividad en ese tema, pero no se puede decir que esa ley va al margen de lo que se sucede. Te pongo un ejemplo: La Ley Patriota en los Estados Unidos, emitida a raíz de los ataques del 11 de Septiembre. En Estados Unidos, el gobierno se puede meter en los correos electrónicos con o sin orden judicial. A veces, sin ninguna ley, en los Estados Unidos se han sancionado medios de comunicación por emitir un mensaje que ha considerado inconveniente o nocivo a los intereses del país. De tal manera que como nosotros legislamos, parece que al darle un carácter de ley, tuviésemos esa intención.

Sin embargo, al cuestionarse la vaguedad con que varios puntos fueron redactados en la ley, cabe preguntarse si no pudiese aplicarse un castigo echando mano a una supuesta violación del concepto de "responsabilidad ulterior".

Esa es una pregunta crucial en el debate sobre la ley en Venezuela. Ahí hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. En primer lugar la ley no le asigna a un funcionario la potestad de sancionar. No puede ser el Ministerio de Comunicación, ni ningún órgano del gobierno. Existe un comité que está integrado por miembros, tanto de la sociedad civil, de organizaciones de usuarios, las iglesias, las universidades nacionales y un grupo de funcionarios del gobierno. Ese comité es el que discute y es el único que tiene autoridad para colocar una sanción.

¿Pero hasta qué punto esta ley, con sus "medidas cautelares" que propician la censura previa, no busca amedrentar a los medios privados, aunque más no sea para que se autocensuren?

El debate sobre la autocensura nosotros lo vemos desde otra perspectiva. La autocensura es una actitud ética. Yo creo que la autocensura se la impone uno, no se la impone un gobierno. Obviamente que siempre existe la posibilidad de que una amenaza o un castigo haga que la gente no hable. Nosotros creemos en el periodismo sincero y objetivo. Un periodista cuando tiene pruebas de lo que habla asume las responsabilidades, eso es lo que pasa en todas partes del mundo. Nadie le puede imponer autocensura -es hasta un contrasentido lingüístico. Nosotros creemos que lo que ha pasado en Venezuela es que se ha ejercido un periodismo y una comunicación si responsabilidad. Diariamente se califica y se descalifica a personas públicas y privadas, se presentan denuncias que nunca terminan en los Tribunales. De tal manera que se ha hecho un uso irresponsable de la comunicación y eso genera unos efectos muy negativos no sólo sobre el gobierno sino sobre todos los ciudadanos.

Con el petróleo el gobierno venezolano busca construir un nuevo orden económico en América Latina. ¿Está buscando también construir un nuevo orden comunicacional en el continente?

Es una frase un poco ambiciosa, nosotros no tenemos esas ambiciones. Hay con concepto fundamental que se aplica a la comunicación y a los recursos naturales en Venezuela. El gobierno de Hugo Chávez tiene como misión rescatar la soberanía del país sobre el uso de sus recursos naturales y poner esos recursos en función de las mayorías venezolanas excluidas, de la lucha contra la pobreza, de la defensa del territorio nacional, del desarrollo sustentable, y también en función de la integración latinoamericana. Y en ese sentido, la política comunicacional se alinea con ese fin estratégico y ha surgido la idea de Telesur, que es un proyecto que busca que los latinoamericanos nos conozcamos más directamente, que las noticias que suceden en Uruguay o en Chile, no tengan que pasar por las mesas de asignación en Miami o en Madrid o en Nueva York, antes de verse en Venezuela, que es un poco como funciona la industria global de la comunicación. Queremos que haya comunicación directa entre Chile y Bolivia, entre Bolivia y Perú, entre Venezuela y Perú... Entonces, un poco Telesur es un proyecto de naturaleza cultural, dirigido a la integración pero no está hecho contra nadie. Está hecho fundamentalmente para favorecer los procesos de encuentro, cultural e informativo, entre los países de América Latina. Más allá de eso, son especulaciones.

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