El presidente transitorio de Bolivia, Eduardo Rodríguez, amenazó con dejar el gobierno si el Congreso resuelve aplazar las elecciones generales previstas para el 4 de diciembre.

En la eventualidad de "una postergación de las elecciones convocadas para diciembre próximo, y de la consiguiente transmisión de mando, se estaría incumpliendo el precepto constitucional, la voluntad popular y el mandato para el que fui convocado", advirtió.

"De sufrirse esta emergencia, mi obligación es regresar a la Corte Suprema. Esa es mi obligación y sabré honrarla", anticipó.

El mandato de Rodríguez se abrió el 9 de junio último y debe expirar el 22 de enero próximo.

En un mensaje a la nación el sábado por la noche, Rodríguez salió al paso de propuestas en el Congreso que apuntan a extender su gestión hasta 2007.

Para prolongar el mandato, legisladores esgrimen una supuesta falta de entendimiento regional y partidario para aplicar un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordenó reasignar los escaños de acuerdo con la población actual de los departamentos (provincias) bolivianas.

Rodríguez sucedió al renunciante Carlos Mesa cuando era titular del poder Judicial, como último eslabón de la sucesión constitucional, a casi dos años del derrocamiento del presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada, que inició en agosto de 2002 un período constitucional de cinco años hasta 2007.

El mandato del Congreso a Rodríguez fue de conducir las elecciones y transmitir el mando de la nación al ganador de los comicios el 22 de enero.

"Mi vocación no es de político, sino la de un juez que está dispuesto a respetar el artículo 93 de la Constitución, reformado por voluntad del Congreso Nacional que atendió la demanda del pueblo", explicó.

La advertencia del gobernante se registró en medio de una nueva crisis política originada por la resolución del TC requerida por representantes de la próspera región de Santa Cruz.

El fallo judicial restaría sendos escaños a las regiones andinas de La Paz, Oruro y Potosí, de mayoría indígena pobre, y elevaría en esa proporción la cuota de Santa Cruz, la provincia más poblada del país.

El heterogéneo Congreso boliviano, declarado el jueves pasado en "sesión permanente", comenzará a tratar el tema desde el martes.

Los alcances del fallo judicial, que parece desatar incluso una nueva pugna regional, sembraron dudas sobre la verificación de las elecciones para presidente, vice, legisladores y prefectos (gobernadores) en el plazo previsto.