El Ministerio Público acusó ante el Tribunal 1° en funciones de Control del estado Vargas al ex capitán y ocho tripulantes del buque tanque "Josefa Camejo" (antiguo Susana Duijm"), por la presunta comisión de cinco delitos en perjuicio del Estado venezolano durante la paralización de la industria petrolera ocurrida en los meses de diciembre de 2002 y enero de 2003.

Los fiscales bancario nacional con competencia en salvaguarda y 1° del estado Vargas, José Benigno Rojas y Christian Quijada Suárez, respectivamente, acusaron al capitán de la Marina Mercante, Mauro Ventura Ferrairo Parada, y a los tripulantes César Augusto Morillo Ochoa, Gustavo Chang Lai, Jesús Alberto García, Gamaliel de Jesús León Martucci, Giancarlo Moreno Camino, Ramón Antonio Hernández Brito, Rafael Beltrán Marcano Ramos y Frederick Urbina Villegas.

Los representantes del Ministerio Público presentaron cargos por los delitos de agavillamiento, interrupción del suministro de bienes y suministro de gas, apoderamiento de carga, cooperación inmediata en el delito de rebelión y apropiación indebida calificada, todos contemplados en el Código Penal.

El capitán Ferrairo y los tripulantes Morillo Ochoa, Chang Lai, García, León Martucci, Moreno Camino y Hernández Brito fueron imputados en junio de 2004; mientras que a Marcano y Urbina se les formalizó su imputación en septiembre de ese mismo año.

Esta investigación se inició el 19 de diciembre de 2002 como consecuencia del cese de operaciones en el que incurrieron los tripulantes del buque tanquero, quienes optaron por dejarlo fondeado frente a las costas del estado Vargas.

Durante las experticias y pruebas recabadas se corroboró el extravío de tres radios trasmisores, daños a los equipos de computación, y la desaparición de 10 millones de bolívares y 7 mil dólares que formaban parte de la caja chica del buque.