Caracas, 22 Sep. ABN (Ingrid Navarro L).- La coordinadora de la Unión de
Nacional de Trabajadores (UNT), Marcela Máspero, denunció la existencia
de una situación ofensiva por parte del sector patronal en el país,
razón por la cual solicitó una prórroga del decreto de inamovilidad
laboral por un período de un año.

Explicó que esto se evidencia en el hecho de que los patrones combaten
la libre asociación y organización a la que los trabajadores tienen
legítimo derecho.

La coordinadora de la organización sindical se refirió al caso de la
empresa Parmalat en la cual, presuntamente, se han registrado atropellos
a los derechos laborales y a la libertad de organización de los
trabajadores.

Sobre este aspecto, refirió que solicitaron el traslado de los
expedientes a la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, con el
propósito de que ese despacho les de celeridad a los mismos.

Destacó que este miércoles se reunieron con los trabajadores de la
empresa en Barquisimeto, estado Lara, y en Machiques, estado Zulia, y en
el primer caso se evidenció que las instalaciones se encuentran
paralizadas, mientras en el segundo se ha registrado una disminución de
la producción de leche, así como de la nómina laboral.

En cuanto a los puestos de trabajo que estarían en riesgo, precisó que
en Machiques hay una solicitud de reducción de personal que supera las
250 personas.

“Desde que la referida empresa compró la planta a la compañía Indulac,
se ha evidenciado una disminución de la capacidad de empleo y de la
producción real aun cuando se trata de una de las instalaciones más
grandes del país”, señaló.

Al referirse a las instalaciones de Parmalat en Lara, explicó que se
habla de una supuesta venta, hecho que ha generado gran incertidumbre en
una empresa que consideró importante para la seguridad alimentaria del
pueblo venezolano.

Añadió que esta organización solicitó ante la inspectoría laboral
competente que se modifiquen las condiciones de trabajo en cláusulas
como vacaciones, utilidades y caja de ahorro, mientras el sindicato
constituido defiende las instalaciones que se encuentran totalmente
paralizadas con su presencia en el comedor y en el estacionamiento para
evitar que se lleven las maquinarias.

Además, dijo que en zonas aledañas existe un depósito donde se mantiene
material metálico utilizado como materia prima para el envasado y una
cantidad importante de leche.

Por esta razón, exhortó al Gobierno Nacional a efectuar una inspección
con carácter de urgencia en estas instalaciones.

“Este acaparamiento mantiene paralizadas dicha planta y la de
Machiques, que se nutre con los envases y la producción del estado
Lara”, destacó.

Aseveró que en el caso de la industria de Machiques también existe un
expediente en la Inspectoría del Trabajo de la zona, que está
relacionado con el proyecto de convención colectiva solicitada por el
sindicato para los trabajadores y la empresa ha enviado una
comunicación al referido ente donde solicita que no sea discutida.

La coordinadora de la UNT también se refirió a las instalaciones de
Parmalat en Barinas, donde se han hecho denuncias por graves
irregularidades en las condiciones ambientales de trabajo y existe una
decisión firme del despacho competente debido a un accidente de trabajo,
la cual no se ha cumplido.

Además, mencionó que se solicitó una respuesta a la disminución de
producción de la planta desde hace tres meses, pero no se ha hecho
efectiva, en tanto los trabajadores del estado Miranda son solidarios
con los respectivos sindicatos.

La coordinadora nacional de la UNT precisó que con esta situación se
pueden poner en riesgo unos 3 mil empleos directos y otros 10 mil
indirectos, lo cual incluye a trabajadores y productores, entre otros
empleados.

Aclaró igualmente que un proceso de cogestión sólo sería factible en el
caso de la planta de Barquisimeto, que se encuentra paralizada.

Con respecto a una posible venta de la empresa, explicó que no se oponen
a ello sino que sus acciones están orientadas a garantizar los derechos
laborales de los trabajadores, así como los empresarios piden respeto a
la propiedad privada.

“Creemos en la propiedad privada pero hay leyes y derechos
establecidos. Mientras los trabajadores se esfuerzan, muchas veces son
atropellados por los intereses económicos de unos pocos que cada día son
más ricos”, añadió.

Máspero sostuvo que esta situación debe verse con mucho cuidado porque
no sólo algunos trabajadores son atropellados por organizarse sino que
además se atenta contra la soberanía y la seguridad agroalimentaria,
ambas establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela.