Caracas, 21 Sep. ABN (Ernesto Vegas).- Los nueve militares venezolanos implicados en el golpe de Estado de abril de 2002, quienes solicitaron estatus de refugiados al Gobierno de Colombia, no tienen calificación de políticos, por lo cual deben ser entregados a la justicia venezolana, según lo indicó el diputado Saúl Ortega.

El parlamentario, quien preside la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN), refirió este miércoles: “Estos oficiales golpistas disolvieron todos los poderes públicos nacionales y mantuvieron secuestrado durante 47 horas al presidente de la República, Hugo Chávez Frías, en abril de 2002.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno del vecino país no acoja tal solicitud, indicó que son respetuosos de la soberanía de cada nación, así como de las decisiones que tome ese país en materias de asilo y de refugio.

Ratificó que entre Venezuela y Colombia existe una buena relación diplomática. Además, ambas naciones mantienen objetivos comunes.

Refirió que esas relaciones se orientan a la preservación de la paz, la democracia y la institucionalidad, en lo cual debe haber reciprocidad.

Según el parlamentario, estos oficiales, quienes se encuentran en suelo neogranadino desde diciembre de 2004, también son responsables de desobedecer a la institución castrense, lo cual sucedió desde el mismo momento en que decidieron tomar la plaza Altamira.

Recordó que asimismo se les acusa de ser los autores materiales de los atentados a la Embajada de España en Venezuela y al Consulado de Colombia.

Ortega dijo que el Gobierno de Colombia debe tomar en cuenta que estos oficiales no son dirigentes políticos sino personas que cometieron delitos contra la seguridad del Estado venezolano.

El dirigente político reiteró que si en verdad existe reciprocidad entre los dos países, el Gobierno colombiano debe entregar a los oficiales.