Se trata de cuatro generales y cinco coroneles que ya están en el país y que hicieron parte del golpe de estado en el 2002.

“Estamos buscando precisamente una protección jurídica, una protección como perseguidos políticos, como lo establece la Convención de Refugiados de las Naciones Unidas”, dijo a RCN televisión el almirante (retirado) Héctor Rafael Ramírez Pérez, quien fue Ministro de Defensa durante el breve golpe de estado. Ramírez y el grupo de solicitantes se encuentran actualmente en Colombia

“Siendo Colombia uno de los países... con una alta tradición jurídica, venimos a solicitar esa condición (de refugiados)”, agregó Ramírez Pérez en declaraciones difundidas en lunes en la noche.

La solicitud de ocho militares y un ex diplomático fue rechazada, dijo a un portavoz de la cancillería colombiana que pidió no ser identificado. Agregó que ellos pidieron “estatus de refugiados” y que apelaron la decisión del gobierno colombiano.

Ramírez aseguró que su permiso para permanecer en Colombia está a punto de vencerse y por eso apelaron la decisión negativa de la cancillería sobre su petición de obtener el estatuto de refugiados.

Los militares se encuentran desde diciembre en Colombia y decidieron acogerse a la Convención Internacional del Estatuto de Refugiado de las Naciones Unidas de 1951, en virtud de la cual las personas que sufran cualquier tipo de persecución o discriminación por sexo, religión, política, raza u otra situación parecida, pueden solicitar el tratamiento de refugiados.

“Infortunadamente nosotros no podemos regresar a nuestro país debido precisamente a la persecución política”, dijo Ramírez, en la entrevista.

“Nosotros deseamos vivir como ciudadanos... sin tener ninguna prerrogativa distinta de las que tienen los ciudadanos colombianos”, agregó en la entrevista televisada.

Entre quienes solicitaron ser reconocidos como refugiados están, además, el general de brigada Pedro Pereira Olivares, quien fue jefe del Estado Mayor Conjunto, y el contraalmirante Edgar Murillo González, ex director de la Escuela Superior de Guerra, y cuatro coroneles y un ex diplomático no identificado, según el informe de RCN televisión.

El gobierno venezolano acusó a los militares refugiados en Colombia del delito de rebelión pero fueron absueltos por la Corte Suprema, un fallo que provocó disturbios en Caracas por parte de los seguidores de Chávez en agosto del 2002.

En Colombia también se encuentra asilado Pedro Carmona, el empresario que reemplazó a Chávez durante las horas del fallido golpe.

El asilo político es una institución latinoamericana en virtud de la cual los gobiernos pueden extender su protección diplomática a dirigentes políticos que se sienten en riesgo en sus países, por oposición al gobierno.