Caracas, 09 Sep. ABN.- Una delegación de campesinos del estado Yaracuy,
dirigida por el gobernador de esa región, Carlos Eduardo Jiménez, y el
dirigente social Braulio Álvarez, consignó ante la Asamblea Nacional
(AN) un documento contentivo de denuncias de sicariato y violaciones a
la Ley de Tierras en esa entidad.

“La representación fue recibida por los parlamentarios Virgilio Chávez
(MVR-Cojedes), Ismael García (Podemos-Aragua), Jesús Graterol
(Arpa-Portuguesa), César Semidei (Copei-Táchira), Henry Tachinamo
(MVR-Anzoátegui) y Pedro Castro (AD-Guárico)”, señala una nota de prensa
del parlamento.

El documento indica que 31 fundos están siendo intervenidos por
violación de la Ley de Tierras al no se aprovechadas para la producción
agrícola. También expone que existen 68 fundos, de los cuales una
cantidad considerable podría entrar en las especificaciones contempladas
en el Decreto 090 sobre recuperación de terrenos para la producción.

Dicho informe será enviado a la comisión especial del parlamento
encargada de la investigación del sicariato y los problemas originados
por el incumplimiento de la Ley de Tierras en varios estados del país,
la cual está presidida por el diputado Ricardo Gutiérrez
(Podemos-Aragua).

El gobernador del estado Yaracuy, Carlos Eduardo Jiménez, sostuvo que
también será consignado ante el Ministerio Público un documento donde se
plantean los casos de sicariato que deben ser investigados.

Comentó que han solicitado un derecho de palabra a las autoridades del
Instituto Nacional de Tierras (Inti), ente del cual esperan un
pronunciamiento sobre la inspección que realizarán a los 31 fundos
improductivos en la región.

“Queremos que pasen a la propiedad del campesinado y del movimiento
cooperativo, por eso le pedimos a los parlamentarios que nos apoyen en
esta lucha por el rescate de las tierras”.

Por su parte, el dirigente campesino Braulio Álvarez dijo que acuden
ante la AN para solidarizarse con los pequeños y medianos trabajadores
por la apertura de las empresas que falsamente se declararon en quiebra:
“Se trata de respaldar el empleo popular productivo por parte del sector
campesino”.

Aseguró que continuarán denunciando el sicariato, toda vez que la cifra
de campesinos asesinados ya se eleva a 140, cifra que incluye a niños y
niñas.

“Lo más triste es que hasta el presente hay una sola persona presa y ese
imputado solamente asesinó a seis campesinos”, destacó Álvarez.

Además, los agraviados rechazan las acusaciones del sector empresarial
agrario donde se vincula al sector campesino con la industria del
secuestro y los asesinatos en la región.

“No podemos aceptar eso, así que exigimos a la comisión de diputados que
asuma una posición clara frente a este problema”, expuso el dirigente.