El Ministerio Público acusó formalmente, ante el Tribunal 3º de Control del estado Táchira, a 16 ciudadanos que presuntamente habrían impedido, a través de actos hostiles, el ejercicio de las funciones del entonces alcalde del municipio Junín, Luis Armando Valladares Rosales, hecho ocurrido el 11 de abril de 2002.

En esta fecha, se iniciaron los sucesos que desembocaron en un golpe de Estado que sacó por 47 horas del poder al presidente Hugo Chávez.

El fiscal 8º del estado Táchira, Carlos Useche, acusó por la presunta comisión de los delitos de rebelión civil y apología del delito a los ciudadanos Patrocinio Mejías Ojeda, Gerson José Peñaloza, Edgar José Torres, Manuel Antonio Casanovas, Luis Enrique Martínez, César Antonio Molina, José Nilo Peñaloza, Rafael Guillermo Lares, César Julio Carrillo, Manuel Víctor Maldonado, Juan de Jesús Sánchez, Pedro Antonio Fernández, Marx Lenín Suescun, Nancy Teodora La Cruz, Iraima Coromoto Alarcón y Jorge Nemecio Contreras.

Asimismo, en el escrito de acusación el fiscal Useche solicitó medida privativa de libertad contra los ciudadanos, Héctor Rincón y Cayetano Guillén, presuntamente implicados en estos sucesos, en virtud de que no comparecieron a las distintas citaciones realizadas por la Fiscalía 8° de Táchira.

Además, el Ministerio Público decretó el archivo de las actuaciones a favor de los ciudadanos: Isidro Duque Vega, Jorge Enrique Jaimes, Martín Javier Mendoza, Ilia Isabel Sierra, Ledys Xiomara Vera de Peñaloza, Charles Durban Salazar y Gonzalo Alfonso Fuentes, pues la investigación no ha arrojado, hasta el momento, suficientes elementos de convicción para acusarlos.

Sin embargo, esto no implica la finalización del proceso penal, pues si aparecen nuevos elementos se reinicia la investigación.

Los referidos ciudadanos fueron imputados en el 2004 por los delitos de rebelión civil y apología del delito, previstos y tipificados en el Código Penal.

Esta investigación se inició el 26 de abril de 2002.

Privación de libertad

El fiscal superior del estado Táchira, Enio Ortiz, señaló que posiblemente se dictarán medidas privativas de libertad “si no pudiesen haber los descargos pertinentes, la responsabilidad es determinada por los fiscales y el juez de control determinará esa privativa de libertad”.

El gobernador de Táchira, Ronald Blanco La Cruz, aseguró el pasado martes 30 de agosto que el Gobierno nacional estudia la posibilidad de indultar a quienes en abril de 2002 intentaron sacarlo de la Gobernación

Por este hecho ya fueron condenadas ocho personas, tres de ellas a tres años de prisión y las otras cinco a seis años de prisión.

Aseguró que el vicepresidente José Vicente Rangel ha estado muy atento a la solicitud de indulto que han elevado a las autoridades los familiares de los dirigentes políticos y gremiales que fueron sentenciadas a prisión por su participación en los sucesos de abril de 2002 en esa entidad.

Sin embargo, recordó que la potestad está en manos del presidente Hugo Chávez.

Blanco La Cruz, aseguró que los presos Danny Ramírez, Saúl Lozano y Orlando Pantaleón podrían ser indultados de un momento a otro por parte del Mandatario nacional.

Las declaraciones de Blanco La Cruz se conocieron en momentos en que diversos sectores de la oposición tachirense han propuesto los nombres de Ramírez, Lozano y Pantaleón como posibles candidatos a las elecciones parlamentarias que se celebrarán el próximo 4 de diciembre.

Para el fiscal Enio Ortiz no es paradójico que al mismo tiempo que se estudian indultos, se imputen a nuevas personas por estos hechos, pues “la justicia busca su camino y de una u otra manera el imperio de la ley va a prevalecer”.

VOLUNTAD

Vicepresidente José Vicente Rangel confirmó que el Gobierno analiza la posibilidad de indultar (a los ya detenidos) considerando el hecho de que es una medida que beneficia a cualquier preso y que lo aplican naciones democráticas como Venezuela. En esa oportunidad aclaró que los ciudadanos no son “presos políticos”.