Quito, 03 Sep. ABN.- El escándalo sobre la falsificación de la firma del presidente Alfredo Palacio y la venta de puestos públicos constituyó la noticia de primer orden en Ecuador, toda vez que puso en evidencia la debilidad del actual Gobierno.



Prensa Latina indicó que este desenfreno propició que 10 funcionarios, entre asesores y secretarios, abandonaran el Palacio de Carondelet, la casa de Gobierno ecuatoriano, y se anunciara una reestructuración del equipo gubernamental.



En opinión de analistas políticos, este caso de falsificación de la firma del Jefe de Estado destapó los problemas existentes en la administración y confirmó la presencia de un círculo oscuro en torno al dignatario.



Rafael Correa, ex ministro de Economía, y Andrés Seminario, ex secretario de Comunicación de Carondelet, denunciaron el turbio escenario que rodea a Palacio y la influencia de ciertas personas sobre el mandatario.



Con este caso de plagio salieron Yuri Baque, secretario particular de gobernante, y su edecán Fausto Bravo, ambos involucrados en la entrega de documentos adulterados y la venta de cargos estatales.



Para Washington Herrera, ex secretario de la Administración en el Gobierno de Rodrigo Borja, el problema surgido en el Gobierno ecuatoriano está en la calidad de los asesores.



"Un Gobierno no puede llenarse de asesores mediocres y malos, es mejor tener pocos y buenos", declaró a medios de prensa nacionales.



Herrera advirtió que los especialistas en cada área son los ministros de Estado y que sus consejeros sólo están para dar una opinión.



Otras fuentes consideraron necesario que se fije con claridad el campo de acción de cada funcionario del Ejecutivo, pues el problema se ha suscitado porque los asesores no tienen limitaciones y muchos han invadido las áreas que corresponden a los titulares.



Hasta el momento, continúa detenido Miguel Robalino, quien pretendía acceder a un puesto en el Ministerio de Salud con un documento presidencial falso.



Robalino fue arrestado el jueves pasado por la Policía judicial, luego de prestar declaración ante la Fiscalía provincial de Pichincha.



Tal acción provocó que otros implicados en este caso como José Velásquez, vicejefe de movimientos sociales en Esmeralda y mediador en el escándalo, y Gustavo Pacheco, esposo de la diputada Silvana Ibarra, no acudieran a presentar su declaración.



Según informes de la Policía y del teniente coronel Fausto Bravo, ex edecán de Palacio, Robalino, quien fue funcionario de Petroecuador durante el Gobierno de Lucio Gutiérrez, forzaba para ocupar un cargo público.



Para obtener ese puesto utilizó una recomendación del Presidente ecuatoriano que tenía una firma falsa.



La Fiscalía recibirá el próximo martes la versión sin juramento del mandatario ecuatoriano y 24 horas después la de su hermana Susana Palacio, a quien el Congreso también investiga por la supuesta venta de puestos.



Este escándalo propició que la popularidad de Palacio descendiera en agosto hasta 31%, el nivel más bajo desde que asumió el cargo el 21 de abril de este año, según la encuestadora Cedatos, y saliera a la luz pública la corrupción existente en el Gobierno.