Caracas- La junta interventora de la Fundación La Salle, presidida por Pablo Mandazen Soto, mejor conocido como el hermano Ginés, encontró una “situación de depredación en el área administrativa y de algunos proyectos de investigación”, la cual pone en peligro el desarrollo normal de esa fundación.

Al menos eso fue lo que denunció Álvaro Vilachá, miembro principal de la referida junta, durante una rueda de prensa celebrada ayer en presencia del hermano Ginés, para desmentir algunos de los señalamientos hechos por personas opuestas a su administración.

Según indicó, entre las irregularidades que hallaron está “una contingencia fiscal por 1,7 millardos de bolívares, entre deudas y multas, que si bien es cierto existía antes, se había ordenado corregirla”.

Mencionó también que no encontraron información sobre mobiliario y equipos, manuales de procedimientos administrativos, sellos, carpetas de proveedores y contratos de servicios, y los sistemas de informática fueron bloqueados, arriesgando el pago de la nómima del personal.

En tal sentido, informó que están en proceso de contratación de una empresa auditora para llevar esos resultados al tribunal que admitió la supervigilancia de la Fundación La Salle y a la Contraloría General de la República. En 40 días presentarán un proyecto de nuevos estatutos.

En cuanto a los despidos efectuados por la junta interventora, admitió que fueron sacados de nómina 25 trabajadores que ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción, por desconocer la decisión del tribunal y la autoridad del hermano Ginés. Algunos de ellos protestaron ayer a las puertas de la Fundación y calificaron de ilegal esa acción. Dijeron que apelarán la decisión del tribunal.