Misión Piar – (Lic. Lisna Marcó).- La empresa minera Crystallex, operadora a la cual la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) otorgó el derecho para la explotación del rico yacimiento aurífero Las Cristinas, implementa una arremetida represiva contra los pequeños mineros de la Parroquia San Isidro, Municipio Sifontes, instigando a la desestabilización social y política del referido sector.

Cabe destacar, que cuando CVG suscribió el Contrato con la transnacional minera, quedó establecido en el mismo, que, en cumplimiento de las denominadas Ventajas Especiales, referidas a la contraprestación de inversión social de carácter obligatorio. Crystallex debía realizar en las comunidades adyacentes obras de inversión que aun no se ven traducidas en ningún tipo de servicio u obras civiles consolidadas.

La empresa tampoco ha cumplido con el plazo establecido para arrancar la producción, debido a supuestas limitaciones técnico - financieras por las que atraviesa. Por otra parte, la transnacional minera aun no logra la permisología ambiental (MARN) y minera (MIBAN). Ni el Proyecto Ambiental ni el Proyecto de Factibilidad Económica de Operación, califican para la obtención del permiso indispensable para el inicio de la explotación de la rica mina.

Lejos quedó para los desempleados de las comunidades mineras la aspiración de que la transnacional generaría a corto plazo 2500 empleos en la construcción de la infraestructura industrial, y 800 empleos estables en la fase operativa. Crystallex tiene, hasta la fecha, una nómina de empleados que conforma el cuerpo represivo, son hombres fuertemente armados traídos de otras latitudes. Los trabajadores mineros, iniciados en la actividad desde temprana edad no superarán las duras pruebas y exámenes de salud que vienen imponiendo las transnacionales a los trabajadores aspirantes de un puesto fijo en la empresa.

En medio de todas estas variables la empresa Crystallex ha entrado en desespero. La inminente caducidad del contrato, debido al incumplimiento sistemático de los acuerdos con el Estado Venezolano, les ha llevado en este punto de crisis, a responder con acciones represivas contra los habitantes del sector, ensayando una práctica dilatoria, que les permita ganar tiempo y justificar su incapacidad.

NO SON INVASORES

No todos los pequeños mineros son invasores. Gran parte de ellos son los originarios exploradores, pioneros que llegaron al sitio mucho antes que la transnacional, y, aunque en el ejercicio de la minería no se obtienen derechos como pisatarios, el contrato suscrito por la transnacional Crystallex y la Corporación Venezolana de Guayana CVG, expresa que la empresa debe asignar áreas para la pequeña minería, previo estudio de la rentabilidad y brindar asistencia técnica para la explotación de los yacimientos de aluvión dentro del sitio. En el marco de irregularidades en que se desenvuelve la empresa, dejó sin efecto sus compromisos de designar las parcelas donde se podían desempeñar las actividades de pequeña minería.

El alegato de propiedad privada que esgrime la empresa para impedir el libre acceso a los mineros a sus áreas de trabajo, es un franco desacato a lo establecido con CVG y viola la constitución y las Leyes venezolanas que amparan a los trabajadores.

SACANDO PROVECHO DEL ODIO
La empresa, en vez de promover una relación armónica, de respeto mutuo con la comunidad, y de organización de la áreas que asignará para el trabajo de la pequeña minería, tal como se establece en los términos de su contrato, ha procedido con hostilidad, creando un ambiente de violencia, utilizando algunos funcionarios de los organismos de seguridad del Estado, como es el caso de la Guardia Nacional, que sigue a las órdenes de Crystallex aun después de haber sido desactivado el CORE 8 en todo el Estado Bolívar. Esta actitud ha fomentando el repudio colectivo, y Crystallex, ahora cuando se ve perdida trata de sacarle provecho al odio. Creen que provocando enfrentamientos y hechos de sangre saldrán beneficiados.

PRIVACION ILEGITIMA DE LA LIBERTAD

Este conflicto promovido por Crystallex comienza a pasar a las acciones concretas contra las personas y los bienes. Los gendarmes, instrumentos de la transnacional para reprimir a sus propios compatriotas, no se detienen a pesar que de hacer daño a su mismo pueblo, y abrirle paso al imperialismo que queremos erradicar con la Revolución Bolivariana.

El caso de Félix Pérez, trabajador minero que el lunes 30 de agosto fue privado de libertad, luego de ser humillado e intimidado por un Teniente apellidado Rosales, sólo por pedir la boleta de retención de sus equipos mineros, tramitación rutinaria y obligatoria en este procedimiento, luego de su detención fue puesto a la orden de los vigilantes privados de la transnacional, y recluido por todo el día dentro de las instalaciones de la empresa, antes de su traslado al Retén de Tumeremo.
El pueblo se movilizó hasta lograr que fuera puesto en libertad. Pero el suceso no termina aquí, quedan por dilucidar las implicaciones de los hechos. Es preocupante que una presencia extranjera propicie la vulneración del estado de derecho dentro de nuestro país, y es más preocupante aun, que sean las propias autoridades nacionales, en este caso funcionarios de la Guardia Nacional, las que se presten para hacerlo. Pensar que Crystallex se convierta en un centro de secuestro, tortura y reclusión de venezolanos nos refiere a un estadio de colonialismo como el que se implantó en Irak o Palestina.


LA MISION PIAR

Como ente gubernamental ejecutor de las políticas de Estado para la pequeña minería hace un llamado a los trabajadores mineros para que se conviertan en actores de paz social, a no dejarse llevar por las provocaciones de la empresa.

Los mineros organizados están conquistando espacios reales de participación, crecimiento y nivel de compromiso con objetivos y logros que apuntan hacia la consolación de sus comunidades y al reconocimiento social de su actividad productiva.
La Misión Piar hará los aportes necesarios para instituir la justicia en las comunidades de pequeña minería, donde vive un importante número de venezolanos y venezolanas históricamente excluidos, trabajadores de las duras faenas mineras, que merecen ser incorporados al ejercicio pleno de la ciudadanía, este objetivo trasciende a mezquindades e intereses capitalistas e individualistas.

En el caso de atropellos, la Misión convoca a los trabajadores de la pequeña minería a presentar sus denuncias ante las respectivas oficinas de los núcleos más cercanos a su sector, donde se les orientará debidamente.

La Misión Piar actúa de conformidad con sus objetivos y apegada a la legalidad
La responsabilidad asumida por la Misión Piar de levantar el Censo de combustible, recientemente consignado a las dependencias del Ministerio de Industrias Básicas y Minería, tiene como fin la regularización y conocimiento de la demanda.

La responsabilidad de la Misión Piar en el Censo no alcanza la autorización, venta, despacho y traslado del mismo; estas funciones, tal como se ha informado a las comunidades de pequeña minería, corresponden a la Dirección de Mercado Interno de Hidrocarburos de PDVSA en coordinación con el TO5, y así debe entenderlo la colectividad.