Quito, 29 Ago. ABN.- Líderes del paro que hasta el viernes último aquejó las provincias de Orellana y Sucumbíos de Ecuador dieron un ultimátum de 48 horas al Gobierno y lo instaron a obligar a las empresas petroleras foráneas a firmar sin cambios el acuerdo de la semana pasada.

Conforme a esto las autoridades ecuatorianas deberán buscar un arreglo con esas provincias amazónicas y convencerlas de que todo lo acordado se cumplirá para evitar una reactivación de la protesta, explica Prensa Latina.

Si en ese plazo las trasnacionales no suscriben el documento previamente definido entre los dirigentes de Orellana y Sucumbíos y la administración central, se reiniciará la huelga, concluida el jueves último, revela un declaración de los dirigentes amazónicos.

”Durante 48 horas reorganizaremos el paro biprovincial, ese será el plazo que el Gobierno tiene para que las compañías petroleras firmen el acta que se ratificó el día 25 de agosto”, revela el texto suscrito por los dirigentes de la paralización tras una reunión celebrada en Coca.

Los pobladores de esos territorios orientales advirtieron también que rechazan los cambios introducidos por las multinacionales al acta mediante la cual habían levantado la protesta el jueves pasado.

El alcalde de Lago Agrio, Máximo Abad, y el prefecto de Sucumbíos, Guillermo Muñoz, denunciaron que las empresas petroleras y el Gobierno alteraron el contenido del pacto alcanzado el jueves pasado.

En el documento se cambiaron dos importantes puntos: la donación del impuesto a la renta será «máximo» de 16%, y se dejan de lado los tres años dados como plazo para la pavimentación de 260 kilómetros de carretera.

Según Abad, las petroleras “se burlan de la población amazónica y de la soberanía nacional al no firmar lo que ellos mismos acordaron».

Puntualizó que se hicieron cambios también en la contratación de mano de obra local, y se aclara que el aporte extraordinario indicado para el fondo vial se efectuará únicamente mientras el precio de referencia del crudo Napo sea superior a los 35 dólares por barril.

Recordó que el jueves se convino con el Gobierno que las multinacionales petroleras entregarán, sin condiciones, 16% de 25% que destinan al pago del fisco a Orellana y Sucumbíos, y se encargarían además de pavimentar 260 kilómetros de carreteras.

En su opinión, los representantes de las 10 empresas de crudo que operan en las dos provincias se oponen a cumplir con lo anteriormente pactado.

Poner ahora en un papel que desembolsarán “hasta 16% de 25% de esos tributos nos perjudica, porque ellos (las petroleras) tendrán la discrecionalidad para asignar 4%, 5% o lo que ellos consideren”, señaló.

Medios de prensa nacionales indicaron que hasta el momento el Ejecutivo ha declinado hacer alguna declaración sobre este asunto.

El paro en Orellana y Sucumbíos, con la consiguiente toma de pozos y bloqueos de carreteras, provocó la casi completa paralización de la producción de crudo y una emergencia económica en el país, que obligó al Gobierno a suspender las exportaciones.

Según los líderes provinciales, los delegados de las multinacionales se reunieron por separado con las autoridades y modificaron el acuerdo que las obligaba a cumplir con planes de desarrollo social.