La reciente división de la AFL-CIO, la mayor central sindical de Estados
Unidos, pone en evidencia los graves problemas que enfrentan los
trabajadores norteamericanos, provocados por la guerra del presidente George
W. Bush contra los gremios.

El fraccionamiento de la AFL-CIO fue el corolario de una política seguida
durante años por su dirección, muy vinculada al Partido Demócrata.
Los problemas internos de esa central permitieron a la extrema derecha,
encabezada por Bush, sepultar o amenazar muchos de los derechos de los
asalariados.

Desde su llegada a la Casa Blanca, la Administración republicana se
caracterizó por arreciar sus ataques contra los sindicatos como parte de la
política desreguladora de la ultraderecha en el poder.

Bajo el manto del neoliberalismo, en su afán por obtener más ganancias,
las empresas, apoyadas por el ejecutivo, propugnan la llamada
?oflexibilización laboral?�.

En sus primeras medidas sobre el tema, Bush abolió el sistema de
participación de los empleados en el gobierno federal que les permitió tener
voz y exigir mejoras.

También derogó varias regulaciones en esa materia, aprobadas durante el
mandato de su antecesor, William Clinton, como las iniciativas para
compensar a las víctimas por lesiones de trabajo, y negaba contratos
federales a empresas que violaban de forma reiterada las leyes
medioambientales, laborales y de seguridad.

Un año después de llegar a la oficina oval, el jefe de Estado invocó la
ley antisindical Taft-Hartley para poner fin a una huelga de los portuarios
en la costa oeste.

Bajo esa condición, el Gobierno puede prohibir a los gremios realizar
paros en un plazo de 80 días, lapso en que se erige como mediador del
conflicto, lo cual favorece a los patronos.

En la actualidad, apenas el 13 por ciento de los norteamericanos están
sindicalizados, una cifra que continúa decreciendo como resultado de las
leyes aprobadas por la Casa Blanca.

Una vez más, la guerra contra el terrorismo se esgrime para justificar
las acciones de Washington, esta vez como pretexto para impedir la
afiliación de los empleados públicos, estrategia que siguen muchos
gobernadores republicanos.

Ese plan fue aplicado en el Departamento de Seguridad Interna, creado a
raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001, pues a sus 160 mil
trabajadores se les prohibió elaborar contratos colectivos.

La escalada del Ejecutivo contra los asalariados incluyen áreas tan
sensibles como las pensiones, subsidios por desempleo o incapacidad y la
seguridad social, que Bush intenta reformar, aunque encuentra una dura
oposición entre los demócratas y diversos sectores de la Unión.

Respaldado por los conservadores del Congreso y los empresarios, la Casa
Blanca presentó un proyecto para despojar a los trabajadores de su pago de
horas extras, plan que afecta a unos ocho millones de personas, hoy
protegidas por la ley de los Estándares del Empleo Justo.

En marzo último, el Senado, controlado por el oficialista Partido
Republicano, rechazó aumentar el salario mínimo en la Unión de 5,15 dólares
la hora, vigente desde 1997.

Sin embargo, desde esa fecha el Congreso incrementó su sueldo en siete
oportunidades.

Esa política se ve favorecida por la complicidad de la élite sindical y
la pérdida constante de empleos, debido al traslado de numerosas empresas,
en especial manufactureras, a otras naciones donde la mano de obra es más
barata.

Unido a esa situación, el flujo de inmigrantes ilegales es otro de los
problemas que atentan contra la clase trabajadora, debido a que los
indocumentados son explotados por su condición.

Esta es la mayor Administración antiobrera en décadas, afirmó el
presidente de la AFL-CIO, John Sweeney.

La punta de lanza de la campaña del gobernante contra los sindicatos es
su secretaria del Trabajo, Elaine Chao, blanco de duras críticas de diversos
sectores.

De los miembros del Gabinete ninguno necesita ser más reemplazado que el
secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, por la conducción de la guerra en
Iraq, y Chao por faltarles a los obreros del país, señaló el
Courier-Journal.

Para los críticos del gobierno, el jefe de Estado ahora tiene en la mira
los contratos colectivos y la jornada de ocho horas, entre otras conquistas
sindicales.

Otro de los mecanismos para lograr los propósitos gubernamentales es la
Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB, por sus siglas en inglés),
controlada por los conservadores, que se inclinó de forma abierta hacia los
patronos.

La NLRB es la encargada de llevar a cabo elecciones mediante el voto
secreto para determinar si los empleados desean o no ser representados por
un sindicato e investigar prácticas ilícitas cometidas por empresas y
gremios.

Sin embargo, esa agencia federal hizo mucho más difícil sindicalizarse a
los obreros temporales y para las uniones obtener información financiera de
las compañías durante las charlas del contrato.

En una decisión que afectará al 87 por ciento de los trabajadores
norteamericanos, la Junta negó a los empleados no sindicalizados el derecho
de tener un asistente cuando sus jefes los convoquen a reuniones
disciplinarias.

Después de ocho años de una Administración liberal como la de Clinton,
ahora la NRLB retrocede hacia una agenda muy conservadora, opinó Randel
Johnson, de la Cámara de Comercio.

Las políticas ultraderechistas de Bush, evidenciada en las invasiones a
Iraq y Afganistán, tienen su componente interno en Estados Unidos: los
ataques a los derechos de la mujer, a las libertades civiles y a los
trabajadores, a tono con sus estrechos vínculos con el gran capital.