El presidente del Perú Alejandro Toledo anunció que en los próximos días presentará "una drástica propuesta de seguridad ciudadana" para impedir afectaciones a las inversiones privadas, principalmente mineras. Toledo anunció el paquete luego de reunirse hace poco con el secretario de Defensa de Estados Unidos Donald Rumsfeld.

No vamos a permitir que por razones políticas traten de interferir en la inversión, la producción minera y la generación de puestos de trabajo, advirtió Tolero. Las protestas populares contra la contaminación ambiental provocada por las actividades de las transnacionales mineras que operan en Perú son frecuentes y actualmente tienen su principal escenario en el norte de la nación.

El Poder Ejecutivo presentó el lunes último un proyecto de ley que sanciona con penas de hasta seis años de cárcel a quienes porten objetos contundentes en las manifestaciones o bloqueen el tránsito durante estas.

El endurecimiento de la postura gubernamental contra las demostraciones de la población fue adelantado por el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski, quien asumió el cargo el pasado martes. Ese objetivo fue respaldado de inmediato por los gremios de la empresa privada y los partidos de derecha adversarios electorales del gobierno.

Los dirigentes regionales y nacionales de la  Confederación Nacional de Comunidades el Perú  Afectadas por la Minería, CONACAMI PERÚ, y de otras organizaciones sociales, reunidos el domingo 13 de agosto en Asamblea Extraordinaria realizada en Lima, informaron que se agudizó la persecución política contra sus dirigentes nacionales, regionales y locales, quienes son denunciados judicialmente, y víctimas de seguimiento sistemático por miembros policiales y campañas de medios de comunicación tildándolos de violentistas por el sólo hecho de defender la vida, el territorio comunal, el medioambiente y el derecho a la autonomía y la consulta que le asiste a las comunidades campesinas- indígenas.

La Constitución Política de estado y la Ley de Comunidades Campesinas consagran el derecho de los pueblos a la autonomía  y a elegir su modelo de desarrollo. Con la intención de desestabilizar CONACAMI, el fiscal Provincial de Huancabamba ha denunciado penalmente a su presidente, Miguel Palacín Quispe, por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, contra la tranquilidad pública, contra el orden público y la vida, el cuerpo y la salud, acusándolo de ser el autor intelectual de la protesta de los pueblos de Huancabamba y Ayavaca que se oponen a la exploración y explotación minera en su territorio.

Palacín fue convocado por el Ministerio de Energía y Minas para formar parte de la Comisión de Paz e invitación al Diálogo -integrada conjuntamente con el monseñor Daniel Turley y Javier Aroca, de Oxfam América-  que por falta de apoyo del Estado para cumplir su misión se frustró en el camino.

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