Caracas, 16 Ago. ABN (Ludovico Quiñones).- Los fiscales del Ministerio
Público Elsa Hernández, Dizlery Corredor, Danilo Jaimes y Franklyn
Nieves, imputaron a 25 funcionarios policiales por su participación en
la muerte de 3 estudiantes de la Universidad Santa María, ocurridas el
27 de junio del 2005 en el sector Kennedy, parroquia Macarao.

Este martes, último día de prórroga, de los 45 solicitados por los
fiscales del Ministerio Público, los representantes de la vindicta
pública presentaron formal acusación ante el juez 50 de Control de
Caracas contra:

-Jesús Alberto Abreu Oquendo, por la comisión del presunto delito de
homicidio calificado, con alevosía, motivos fútiles e innobles en grado
de complicidad correspectiva, en perjuicio de Edgar José Quintero
Torrealba; así mismo por el delito de uso indebido de arma de fuego y
simulación de hecho punible.

-José Antonio Peña Peña, por homicidio calificado con alevosía, motivos
fútiles e innobles, en perjuicio en quien en vida respondiera al nombre
de Erick Miguel Montenegro Sánchez., homicidio calificado con alevosía,
motivos fútiles e innobles en grado en grado de responsabilidad
correspectiva, en perjuicio de Edgar José Quintero Torrealba y uso
indebido de arma de fuego y simulación de hecho punible.

-Olimpo Barilli Sánchez del DIM, por la comisión del presunto delito de
homicidio calificado, con alevosía, motivos fútiles e innobles en grado
de complicidad correspectiva en perjuicio de quien en vida respondiera
al nombre de Edgar José Quintero Torrealba. También por el uso indebido
de arma de fuego y simulación de hecho punible.

-Franklin José García por la comisión del presunto delito homicidio
calificado con alevosía, motivos fútiles e innobles, en grado de
cómplice necesario en perjuicio de quien en vida respondiera al nombre
de Leonardo Enrique González Larez; violación de domicilio y simulación
de hecho punible.

-Felix Alberto Martínez por la comisión del presunto delito de homicidio
calificado, con alevosía en contra de Leonardo Enrique González Larez y
Erick Montenegro. Uso indebido de arma de fuego, violación de domicilio
y simulación de hecho punible.

-José Baldomero Peña Carrillo de simulación de hecho punible,
encubrimiento de los homicidios de Erick Montenegro, Edgar Quintero y
Leonardo Enrique González., además de porte ilícito de arma de fuego.

-Richard Varela Toro por la comisión de los presuntos delitos de
simulación de hecho punible y encubrimiento de los delitos homicidio
calificado en perjuicio de Erick Montenegro, Leonardo González y Edgar
Quintero. Homicidio calificado frustrado en grado de responsabilidad
correspectiva en perjuicio de Irúa Moreno, Elizabeth Rosales y Danitza
Buitriago.

-Greicy Badiana González Brizuela por la comisión del presunto delito de
violación de domicilio. A la vez que solicitó ante el tribunal de la
causa una medida sustitutiva de libertad, consistente en presentación
periódica ante el juzgado.

-Gendris Molina de la comisión del presunto delito de hurto calificado
en perjuicio de las víctimas Irúa Moreno, Elizabeth Rosales y Danitza
Buitriago. También por el delito de encubrimiento.

A los funcionarios José Baldomero Peña Carrillo, Jorge Elpidio Escalona
Esaa, Jesús Alberto Abreu Oquendo, Fernando Javier Mora Zamora, Frank
Alberto Serradas, Olimpo Barilli Sánchez, Jerson Alexander Carpio
Henríquez, José Antonio Peña Peña, José Manuel Salazar Rodríguez, José
Alirio Camejo, Enrique Gendris Molina, Josmel de Jesús Jaime, Edwin
Manuel Flores, Alexander Gerardo Arrieta, Juan Carlos Reyes Ruiz, Jorge
Luis Maurera Centeno, Carlos Felipe Coiscou, Wil Ronald Montes
Chirinos, Juan Carlos Aponte Romero, Danilo Alfonso Angulo Urbina,
Amelio Rafael Bravo García, Felix Alberto Martínez Mota, Franklin José
García Maldonado, también se les imputó por estar incursos en la
presunta comisión de homicidio calificado frustrado, con alevosía,
motivos fútiles e innobles en grado de complicidad correspectiva, en
perjuicio de las víctimas sobrevivientes Elizabeth Rosales, Danitza
Buitriago e Irúa Moreno.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó para Jimmy Calzadilla del CICPC
archivo del expediente, porque hasta el momento no se han encontrado
elementos para imputarlo. También solicitó la misma medida para José
Peña del CICPC. Esto significa que en el caso que el Ministerio Público
recabe pruebas contra ellos, puede reabrir el caso.