Quito- Las provincias petroleras de Orellana y Sucumbíos, en el noreste del Ecuador, iniciaron hoy un paro de sus actividades con el cierre de carreteras, la paralización de la producción petrolera y la toma de aeropuertos. Sin embargo, ante el anuncio de que las Fuerzas Armadas tomarían el control de puntos importantes de esos dos territorios, las autoridades civiles de Orellena se adelantaron y se apoderaron ayer de las instalaciones de la terminal aérea de Coca.

Un total de cinco vuelos quedaron suspendidos por las compañías aéreas Icaro, Tame y Saereo, que debían despegar desde el aeropuerto de Orellana. Esta acción tenía el propósito de impedir que los altos funcionarios y ejecutivos de las compañías petroleras abandonaran ese territorio vía aérea y evitar la llegada de refuerzos militares. Más de 100 personas y miembros del Consejo Provincial y del Cabildo de Coca bloquearon la pista y, pese a la presencia castrense, no se han podido reiniciar las actividades en ese aeropuerto.

Las autoridades de las dos provincias reclaman una respuesta inmediata a sus pedidos de obras de infraestructura y demandan a las compañías petroleras extranjeras que cumplan con compromisos de carácter social y económico en beneficio de estas dos poblaciones de la amazonía ecuatoriana.

El prefecto de Sucumbíos y actual presidente de la Asamblea Biprovincial, Guillermo Muñoz, conminó a la opinión publica a defender la soberanía nacional y reclamar la caducidad del contrato de concesión asignados a la compañía Occidental Exploration And Petroleum (Qxy).

Muñoz pidió además la obligatoriedad del pago de 25 por ciento del impuesto a la renta voluntario de las petroleras y contratistas, a los Gobiernos seccionales, contratación de la mano de obra local calificada y no calificada. El secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Andrés Seminario, descartó anoche que el Ejecutivo fuera a declarar el Estado de emergencia en Orellana y Sucumbíos.

Advirtió que "el Gobierno no va a permitir que bienes públicos o privados se vean afectados por nadie que tenga ánimo de reclamar lo que podrían ser sus justas reivindicaciones". Medios de prensa nacionales señalaron que unos dos mil militares recibieron órdenes de resguardar las instalaciones petroleras de esas dos provincias y velar por la seguridad pública.

Sin embargo, las principales vías de accesos a esos territorios están bloqueadas y en Nueva Loja, capital de Sucumbíos, fue suspendida la distribución de gasolina y gas doméstico.


Según fuentes castrenses, el Ejército tomó el control de las estaciones de Parahuaco y Atacapi, en esta última provincia, para impedir que las fuerzas vivas cierren el bombeo de crudo. El paro se convocó la semana pasada tras el fracaso de las negociaciones con el Gobierno central, el cual advirtió que retomará el dialogo cuando se suspendan las protestas.