Caracas, 12 Ago. ABN.- La Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas contempla el traspaso de los títulos de propiedad de tierras a esas comunidades y contempla que el Estado puede hacer uso de las riquezas minerales que se encuentran en esos predios, mientras no vulnere su hábitat.

Así lo aseguró la Procuradora General de la República, Marisol Plaza, a propósito de la reciente concesión de títulos de propiedad, un total de 127 mil hectáreas, hecha en los estados Monagas y Anzoátegui por el Ejecutivo Nacional a un grupo de comunidades indígenas.

Plaza indicó que, con la entrega de los títulos colectivos a las comunidades indígenas, el Estado venezolano cumple con una mora que venían arrastrando los Gobiernos anteriores pues, históricamente, esos pueblos habían estado excluidos de los lineamientos centrales.

Según la procuradora, con el traspaso se materializa la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas que le otorga a esas comunidades el derecho a ocuparlas de manera pacífica para desarrollar su cultura y sus métodos naturales de recolección.

“Los indígenas, dentro de su ámbito, tienen su cultura, sus reglas y su manera de vivir y en eso no puede intervenir el Estado venezolano. Por el contrario, el Gobierno está obligado a respetar su cultura y su tradición”, enfatizó.

Al respecto, aclaró que si bien estos ciudadanos son propietarios de los terrenos también es cierto que existen ciertas excepciones a la regla y más aún si en esos predios existen riquezas minerales.

“La explotación de los recursos sólo es competencia del Estado pero éste debe hacerlo sin producir daños al hábitat de las comunidades y pueblos indígenas; además, está obligado a permitirles la participación en las concesiones que en tal sentido hagan”, dijo.

Para Marisol Plaza, la Comisión de Demarcación, integrada por representantes del ministerio del Ambiente, Energía y Petróleo, Industrias Ligeras, Educación y Deportes, Defensa, Interior y Justicia, Exteriores, Instituto Geográfico, además de delegados indígenas, fue muy cuidadosa para evitar que en las coordenadas correspondientes se vulnerara la propiedad privada.

En este orden de ideas, precisó que las leyes venezolanas son bastante explícitas en ese sentido: “El Código Civil, como principio general, establece la garantía de los derechos de terceros, quienes mantendrán su carácter de propietario pero, en caso de encontrarse dentro de las zonas demarcadas, deben respetar el hábitat y la cultura de los pueblos indígenas, pues este es un derecho constitucional.”

Aclaró que la demarcación es sólo el primer paso del Gobierno venezolano para preservar esos pueblos, procurar así su desarrollo y garantizar una mejor calidad de vida en cuanto a la salud, la vivienda y la educación, lo cual se profundizará a través de la Misión Guaicaipuro.

Sostuvo que el próximo paso es la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, la cual se discute en el seno de la Asamblea Nacional y regulará lo relativo al derecho y las obligaciones que el Estado debe tener con esas comunidades, con lo cual se asumirá definitivamente la responsabilidad que tiene el Ejecutivo con esos pueblos de origen ancestral.