La Paz, 01 Ago. ABN.- Un paro general y el cierre de los accesos a la ciudad boliviana de Camiri -mil 35 kilómetros al sureste de aquí- persiste este lunes, tras fracasar un intento de fuerzas militares de dispersar el bloqueo vial que mantienen los huelguistas.

De acuerdo con un reporte de Prensa Latina, así lo informaron telefónicamente dirigentes del Comité Cívico de Camiri, que inicio un paro de 48 horas en demanda de que se establezca allí la Gerencia de Exploración y Explotación de la empresa petrolera estatal, según una recién aprobada Ley de Hidrocarburos.

Indicaron que esta madrugada efectivos del Regimiento Abaroa 1 del Ejército intentaron quebrar el bloqueo vial incluido en la huelga, con bombas de gas lacrimógeno y varas, pero la población resistió y reforzó el cierre.

La estación radial Parapetí informó desde la región del conflicto que los incidentes dejaron un saldo de tres lesionados, entre ellos, el líder sindical camireño Eusebio Vargas, de 72 años.

Según el Comité, la salida y la entrada a Camiri está virtualmente cerrada por ciudadanos que en masa participan en la protesta, a la que se sumaron masivamente indígenas de la Asamblea del Pueblo Guaraní.

El bloqueo vial impide el paso de diesel proveído por Argentina para la ciudad de Santa Cruz, capital regional y principal plaza económica de Santa Cruz.

Por su lado, el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores Petroleros, Víctor Martínez, advirtió que la ciudad de Yacuiba, fronteriza con Argentina, y otras poblaciones del Chaco se aprestan a paralizar también labores en respaldo a Camiri.

El vicepresidente del Comité Cívico de Camiri, Marcelo Arandia, acusó al Gobierno de carecer de voluntad política para solucionar el conflicto y lo emplazó a cumplir la ley y acceder a la demanda de la población.

Mientras, el vocero presidencial, Julio Pemintel, informó el envío a Camiri de una delegación gubernamental, encabezada por el ministro de Hidrocarburos, Jaime Dunn, para dialogar con los dirigentes a fin de que suspendan la medida.

Adelantó que el presidente, Eduardo Rodríguez, mantiene la línea de cumplir la ley, respecto a las demandas del pueblo camireño respecto a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

La protesta exige que Camiri reciba parte de la recaudación tributaria por la explotación de gas y petróleo, y que 20% sea para los municipios y cinco para las universidades estatales.

El conflicto coincide con la confirmación del relevo del presidente de YPFB, Carlos D'Arlach, para consolidar la refundación de la empresa e impulsar la industrialización del gas natural, según el delegado presidencial (ministro) de Asuntos Políticos, Jorge Lazarte.