En el inicio de la última semana, mientras la British Medical Journal publicaba un legajo pidiendo que fuera estudiado nuevamente el número de muertes de civiles provocados por la invasión de Irak, del otro lado del Atlántico, uno de los principales opuestos a la guerra, el senador demócrata Robert Byrd desencadenaba una polémica, al comparar el líder del régimen norteamericano George W. Bush con el canciller de la Alemania Nazi, Adolf Hitler.

Byrd basó su comparación en las modificaciones del funcionamiento del Senado emprendidas por Bush y que, según su opinión, le permitirán llenar los tribunales de jueces de la extrema derecha.

El senador explicó que, además de emplear un discurso diplomático muy "pacifista" y "pro-democrático", Hitler nunca abrió la mano a la idea de esconderse detrás de la legalidad, porque entendió el valor psicológico que representaba tener la ley de su lado. "En vez de eso, torcía las leyes y hacía legal la ilegalidad", comentó el senador.

Ley Patriota

Corroborando la opinión de Byrd, el Senado aprobó ayer (29) la prórroga de la Ley Patriota, que restringe los derechos civiles en nombre de la falacia lucha "anti-terrorista" llevada a cabo por el régimen de los EE.UU desde los ataques del 11 de septiembre.

La famosa ley da al gobierno poderes de detener personas sin obedecer a los procedimientos normales de búsqueda e incautación, así como de espiar ciudadanos por medio de escuchas telefónicas, analizar registros médicos y de bibliotecas, sin que tenga que pedir a la Justicia autorización para tal, utilizando un "tribunal" secreto.

La cámara de diputados había aprobado su versión de la ley al inicio de julio. Las diferencias en las versiones de las dos cámaras deben ser resueltas antes que un proyecto final de la ley sea sancionado por Bush.

"Como todas las leyes, esta incluye medidas que no tienen el apoyo de todos en este órgano", dijo el líder de la minoría en el Senado, el demócrata Harry Reid.

El proyecto del Senado, aprobado sin oposición, prorroga por cuatro años la autorización de un tribunal secreto para pedir acceso a los registros de sospechosos en librerías y bibliotecas. El proyecto de la cámara prorroga la Ley Patriota por 10 años.