Río de Janeiro, 22 jul (PL) La oposición brasileña volvió a arremeter contra
el presidente Luiz Inacio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores
(PT), a la vez que hacía una cerrada defensa de dos altos representantes
suyos acusados de corrupción.

La belicosidad contra Lula, el gobierno y el PT, en palabras y hechos, de
los partidos Frente Liberal (PFL) y de la Social Democracia Brasileña
(PSDB), contrastó con la justificación de las acciones de uno de sus
diputados y la protesta por la detención de un dirigente.

El diputado Luiz Carlos Hauly (PSDB) anunció su propósito de presentar
una propuesta para adelantar las elecciones presidenciales de octubre para
principios de año, ante la inviabilidad de promover la destitución del
presidente Luiz Inacio Lula da Silva, según admitió.

Reconoció que "no hay espacio para una solución como el 'impeachment'
(destitución) de Lula, sería una ruptura grave y un caos social", lo que
todos los analistas políticos señalan, por el respaldo popular de 60 por
ciento al gobernante, pese a dos meses de ataques.

Así, Hauly busca por otra vía el objetivo que voceros opositores han
reconocido persiguen al amplificar las denuncias y generar la crisis:
debilitar al gobierno y a Lula, para impedir su reelección.

Pero la búsqueda de esa vía no significa que se haya abandonado la otra,
y esto quedó claro en el agresivo discurso del líder de la minoría en la
Cámara de Diputados, José Carlos Aleluia (PFL).

Aleluia responsabilizó a Lula por las prácticas electorales ilícitas del
PT, aunque Delubio Soares, ex secretario de finanzas de esa fuerza, admitió
que él fue el creador y actuó sin consultar a nadie.

Y luego expresó sus reales intenciones: "Será muy difícil llevar el
gobierno hasta el fin. Esta gente sabe que Lula traicionó la esperanza del
pueblo brasileño y será juzgado por eso". Esperanza que, vale la pena
apuntarlo, ni el PFL ni el PSDB jamás alentaron ni despertaron.

Para completar el cuadro, los líderes del PSDB y el PFL en el Senado,
Artur Virgilio y Agripino Maia, se personaron ayer al Tribunal Superior
Electoral para pedir la suspensión de la entrega al PT de los fondos que por
ley corresponden a cada partido según el tamaño de su bancada parlamentaria.
La oposición tiene en mente más: la cancelación del registro partidario
del PT, y eso sí sería enterrar las esperanzas populares.

En contraposición con esta "fiebre moralista", el presidente del PFL,
senador Jorge Bonhausen, afirmó que el diputado Roberto Brant, ex ministro
de seguridad social en el anterior gobierno del PSDB-PFL, quedará impune,
pese a usar financiamiento ilegal para su candidatura a alcalde de Belo
Horizonte.

Precisamente en esa ilegalidad se fundamentan los ataques opositores
contra el PT, a partir de denuncias presentadas y el reconocimiento de
Delubio Soares de que usó esa práctica sin conocimiento de la dirección
partidista.

Altos representantes del ambos partidos también reaccionaron con duras
críticas a la detención por corrupción del ex ministro de Planeamiento del
anterior gobierno, ex alcalde de Joao Pessoa y máximo dirigente del PSDB en
el estado de Paraíba, Cícero Lucena.

Este fue arrestado junto a otras seis personas acusadas de cometer
fraudes, mediante sobrefacturación y otros procedimientos, en licitaciones
convocadas desde 1999 en Joao Pessoa, época en que ocupaba la alcaldía.

Inclusive el Ejecutivo Nacional del PSDB emitió una declaración de
condena a la detención de Lucena y de justificación a los actos realizados,
con el alegato de que lo permitía la legislación de la época.

En el texto sostienen que esto refuerza sus sospechas de que las
operaciones de la Policía Federal contra actividades delictivas buscan
otorgar "seriedad y autoridad a un gobierno enredado en indicios cada vez
más vehementes de corrupción".

Todo parece confirmar que para la oposición y la derecha brasileñas la
moral es de doble vía y existen dos pesos y dos medidas a la hora de juzgar
cada caso.