La Policía Metropolitana desaparecerá. La Guardia Nacional se incorporará a las tareas del control policial. Un comisionado de los Derechos Humanos tendrá la tarea de velar porque no se cometan abusos. Mediador de la comunidad tratará de mejorar la comunicación entre efectivo y ciudadano. Nicolás Maduro, presidente del Parlamento aseguró que será sancionada en agosto.

El proyecto de Ley de Policía Nacional (PN) salió del sueño de los dormidos en los archivos del Parlamento, donde permaneció durante el último año luego de su aprobación en julio de 2004. Casi que obligado por el asesinato de los tres jóvenes estudiantes de la Universidad Santa María, el pasado 27 de junio en Caricuao, donde los organismos policiales (DIM, Cicpc y Policía de Caracas) están señalados de haber perpetrado la masacre.

A partir de este hecho, el debate sobre los abusos policiales volvió a la palestra pública y el oficialismo aprovechó para jugar su vieja aspiración de la Policía Nacional como solución a los abusos policiales.

El proyecto de la PN que el oficialismo impulsa en la Asamblea Nacional contempla que el Ministerio de Interior y Justicia se subroga la potestad de controlar la actuación de todos los cuerpos policiales del país, los cuales estarán en la obligación de colaborar con el ente nacional en la seguridad de la nación. Al menos eso se desprende del artículo 34 del referido proyecto de ley.

“El despacho de Interior y Justicia es el órgano rector de la función policial. Será el ente encargado de crear los planes y políticas de seguridad policial y ejercerá la coordinación, supervisión y evaluación de todos los cuerpos que prestan la función policial”, dice el texto que añade la potestad del despacho de interior a resolver los conflictos de competencia administrativa que se presenten entre la Policía Nacional y otros cuerpos o, entre dos o más organismos policiales estatales.

Este artículo echa por tierra la versión de que las policías regionales y municipales desaparecerían.

Comisión reguladora

En su tarea de coordinación, el Ministerio de Interior y Justicia estará asesorado por la Comisión Nacional de Policía, ente que está tipificado en el artículo 58 de la ley aprobada en primera discusión.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, el director de la Coordinación Policial del ministerio, el director de la PN, el comandante general de la Guardia Nacional, el director del Cicpc, un representante de la Defensoría del Pueblo, otro del Ministerio Público, un integrante de las organizaciones no gubernamentales e integrantes de gobernaciones, alcaldías y comisionados de los Derechos Humanos, conformarán la comisión.

En el artículo 59, se especifican las funciones de la Comisión Nacional de Policial, la cual “planificará y diseñará las políticas de la función policial en el ámbito nacional...”.

Otra de las aristas importantes del texto que sería aprobado en septiembre, según el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Nicolás Maduro, es la eliminación de la Policía Metropolitana, la cual pasará a formar parte de la Policía Nacional.

Tema que causó polémica hace un par de años cuando el entonces alcalde metropolitano, Alfredo Peña (opositor) mantenía el control sobre el principal cuerpo policial de la capital, hecho que habría sido una de las causas que dio origen al proyecto, en la intención del Gobierno nacional de asumir el control del referido cuerpo de seguridad caraqueño.

El deseo del Ejecutivo de controlar a la policía adscrita a la Alcaldía Mayor se potenció luego de los episodios del 11, 12 y 13 de abril, cuando la PM participó en los hechos sangrientos de Puente Llaguno, el arresto del ex ministro Ramón Rodríguez Chacín y la toma de la embajada de Cuba, evidentes hechos de abuso de poder.

El papel de la GN

Contraria a las voces opositoras que señalaban la desaparición también de uno de los componentes de la Fuerza Armada Nacional, la Guardia Nacional, el proyecto de ley la incorpora a la función policial como “un órgano de seguridad ciudadana de carácter nacional, cuya organización y funcionamiento se regulará mediante las leyes y demás disposiciones del ordenamiento jurídico de índole militar”.

Incluso, la Guardia Nacional y la PN podrán ejercer las funciones de los cuerpos estatales o municipales, cuando exista imposibilidad de éstos de ejercer las funciones policiales que les atañen, es decir, cuando el control de la fuerza pública sea desbordado.

En cuanto a la cooperación y coordinación entre los organismos de seguridad del país, la ley obliga a los cuerpos regionales a cooperar con la Policía Nacional, no obstante, no compromete a ésta instancia a prestar el mismo papel.

Ciudadanos integrados

Una de las novedades del proyecto que será discutido en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional en septiembre, es la creación del comisionado o comisionada de los Derechos Humanos, quien velará por el respeto de los derechos humanos.

La designación del funcionario correrá por cuenta del Ministerio de Interior y Justicia junto con un representante de las Organizaciones No Gubernamentales. La ley añade que para ser comisionado para los Derechos Humanos se requiere cumplir con los requisitos previstos en la Constitución Nacional para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.

En el marco de la defensoría de los ciudadanos de los abusos policiales, también figura el Mediador o Mediadora de la comunidad (Art. 79), quien según el espíritu de la ley mejorará la comunicación entre los cuerpos de seguridad y la comunidad.

DATOS CLAVE
Entre los puntos más interesantes que contiene la ley figuran:
Según el texto, los funcionarios policiales sólo podrán, excepcionalmente, utilizar la fuerza o las armas en defensa de aquellas situaciones que comporten un riesgo grave, actual, inminente e ineludible para su vida.

El artículo 16 dice que la función policial en los ámbitos nacionales, estadales y municipales se ejercerá con imparcialidad política.

la PN sería de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República
Entre las faltas graves de los funcionarios de la PN figuran : la falta de colaboración con los demás cuerpos policiales, la tortura o cualquier acto inhumano, el uso indebido de las armas, hacer proselitismo político, hacer uso de bienes particulares. Esta faltas serán sancionadas con destituciones.

Los Consejos Legislativos regionales dispondrá de seis meses para elaborar sus leyes de policías regionales y el Ejecutivo Nacional el mismo plazo para efectos del reglamento nacional.