"Aunque entiendo la decisión de Time de entregar papeles que identifican mis fuentes, obviamente estoy decepcionado por el camino que eligieron", dijo el periodista, Matt Cooper, en declaraciones al New York Times.

Una reportera de este diario, Judith Miller, es la otra protagonista del caso, en el cual la Justicia está investigando cómo se filtró el nombre de la agente de la CIA Valerie Plame, cuya cubierta se evaporó poco después de que su marido, el ex embajador Joe Wilson, criticó duramente la política de la Casa Blanca para Irak.

"Durante dos años protegí mis fuentes confidenciales incluso bajo la amenaza de ir a prisión", se quejó Cooper.

Miller, por su parte, se declaró lista para ir a la cárcel antes de dar a conocer la identidad de sus fuentes. El caso representa uno de los mayores choques entre la prensa y la Justicia de Estados Unidos.

La investigación se lanzó porque dar a conocer la identidad de un agente secreto es un delito federal. El New York Times dedicó ayer una página completa al caso, señalando todos los precedentes en los cuales la Corte Suprema pidió a periodistas revelar sus fuentes, a partir del histórico impacto del Watergate publicado por el Washington Post, sin lograr ese objetivo.

Para muchos, se trata de un verdadero test para la actualidad de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que -entre otros- defiende el derecho a la libertad de expresión. Por lo pronto, la Federación Internacional de Periodistas (FIP), que tiene su sede en Bruselas, acusó ayer a la revista Time de "grave traición" a los principios de la profesión.

Los directivos del semanario se defendieron afirmando que "la misma Constitución que protege el derecho de prensa pide obediencia a las decisiones finales de la Corte Suprema".

La principal competidora de Time, la revista Newsweek, sufrió recientemente su propio escándalo relacionado con una fuente.

A principios de mayo, el semanario debió retractarse de una historia sobre la presunta profanación del Corán en la base norteamericana de Guantánamo, en Cuba, basada en fuentes al interior del gobierno del presidente George W. Bush.

Con el comunicado de la FIP el caso está tomando ribetes internacionales.

El secretario general de la federación, Aidan White, dijo que "la decisión de la compañía de repudiar a su propio reportero cuando él busca defender no tiene sentido".

Esta actitud "no solamente es una afrenta al profesionalismo y la moral de una compañía sino que daña al periodismo en todo el mundo", afirmó White.

El jueves, también la relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se declaró sobre el caso, al "deplorar" la posibilidad de que Miller y Cooper puedan ser encarcelados por negarse a revelar sus fuentes confidenciales.

"El derecho a la reserva de las fuentes es esencial para que un periodista provea un importante servicio al público cuando recaba y difunde información", dijo la relatoría, que forma parte del grupo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El relator, Eduardo Bertoni, dijo que Estados Unidos debe "modificar su legislación de conformidad con los principios establecidos en la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión adoptada por la CIDH".