Caracas- El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió este miércoles un comunicado informando sobre la decisión del Gobierno Nacional de aceptar de buena fe la reparación de daños que se produzca a raíz de los casos de las desapariciones forzadas durante la tragedia de Vargas en el año 1999.

El comunicado ha dejado claro que cualquier violación a los derechos humanos que hubiera podido ocurrir en aquellas circunstancias, respondería a acciones aisladas indebidas por parte de funcionarios policiales o militares subalternos, de órganos de seguridad nacionales en ese momento y descarta tajantemente que forme parte de alguna política de estado.

Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó el documento presentado y el allanamiento interpuesto por el Estado venezolano, considerando que este actuaba de buena fe, reconociendo que hacía una contribución positiva en cuanto a la protección de los derechos humanos, con lo cual se pone fin a la controversia surgida por este caso, según lo dictaminó la propia CIDH.

El documento ratifica igualmente que el Gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías ha sido el único que durante la historia venezolana ha indemnizado a víctimas de violaciones de los derechos humanos, en honor al mandato constitucional que establece la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

A continuación el texto completo del comunicado oficial:

República Bolivariana de Venezuela

Ministerio de Relaciones Exteriores

Despacho del Ministro

COMUNICADO

“El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en relación a los casos de las desapariciones forzadas en el estado Vargas en 1999, en un acto de buena fe, decidió allanarse en función de aceptar la reparación de los daños que ejerzan en su derecho los familiares de las víctimas.

El Estado venezolano consignó, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un escrito mediante el cual ha dejado claro que cualquier violación a los derechos humanos que hubiera podido ocurrir en aquellas circunstancias, respondería a acciones aisladas indebidas por parte de funcionarios policiales o militares subalternos, de órganos de seguridad nacionales en ese momento pero, de ninguna manera, se trata de una política del Estado venezolano. También se aclaró que ninguno de estos hechos se ocasionó por órdenes que hubiesen emanado de las autoridades nacionales de la República Bolivariana de Venezuela. Por el contrario, en tal oportunidad, el Ejecutivo Nacional procedió a realizar remociones de altos funcionarios, debido al insuficiente control sobre la acción de sus subalternos.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó el documento presentado y el allanamiento interpuesto por el Estado venezolano, considerando que este actuaba de buena fe, reconociendo que hacía una contribución positiva en cuanto a la protección de los derechos humanos.

Con el allanamiento del Estado venezolano se pone fin a la controversia surgida por el caso de las desapariciones forzadas en Vargas en 1999, según lo que dictaminó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, el Estado venezolano está comprometido a seguir siendo diligente en la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las desapariciones forzadas referidas.

En este caso, el Ministerio de Relaciones Exteriores desea ratificar su respeto hacia las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares, así como reitera su compromiso irrestricto en función de hacer respetar la vigencia de los derechos humanos en cualquier circunstancia.

También, el Ministerio de Relaciones exteriores debe recordar que el Gobierno del Presidente Hugo Chávez Frías ha sido el único que durante la historia venezolana ha indemnizado a víctimas de violaciones de los derechos humanos, en honor al mandato constitucional que establece la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, recogido en un capítulo completo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reconocida como una de las más avanzadas que, en esta materia, existen en el mundo.

Finalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores deplora la actitud de ciertos sectores del país que pretenden utilizar un tema tan importante como el de los derechos humanos para obtener beneficios políticos o económicos, y exhorta al país en su conjunto a abordar el tema de los derechos humanos con la seriedad que merece el dolor de las personas relacionadas con en estos hechos”.