Bogotá- El secretario de Defensa de EEUU, Donald Rumsfeld, y su homólogo colombiano, Jorge Alberto Uribe, repasaron el futuro del Plan Colombia contra el narcoterrorismo, que vence este año, informaron las autoridades. Rumsfeld recibió en horas de la tarde en el Pentágono al ministro de Defensa colombiano, con quien tenía previsto reunirse.

"Estados Unidos está "ansioso" de encontrar maneras en que podamos ayudar a los colombianos en sus esfuerzos en contra de los narcoterroristas y los insurgentes", dijo un alto cargo del Pentágono que pidió el anonimato.

"Colombia continúa demostrando su liderazgo en la región y en todo nuestro hemisferio. Esto es particularmente notable en la lucha de Colombia contra el narcoterrorismo", enfatizó la fuente militar.

Agregó que Estados Unidos y Colombia mantienen contactos regulares para "discutir asuntos de interés de seguridad mutuos".

El pasado 3 de mayo, el subsecretario de Defensa para la Política de EEUU, Douglas Feith, ya había reiterado el apoyo de Washington a lucha antidrogas y por la "seguridad democrática" del Gobierno colombiano. Además de la asistencia financiera, Estados Unidos ofrece a las autoridades colombianas asistencia técnica, asesoría, y ambos comparten labores de inteligencia, según el Departamento de Estado.

El presidente de EEUU, George W. Bush, solicitó al Congreso unos 463 millones de dólares para el año fiscal 2006 para financiar parte del Plan Colombia, al que Estados Unidos ya ha contribuido con más de 3.000 millones de dólares desde 2003.

La reunión entre Rumsfeld y Uribe se produce en vísperas de que la Cámara de Representantes de EEUU lleve a votación un proyecto de ley de gastos para las operaciones en el exterior, que incluye ayuda a Colombia.

El legislador demócrata James McGovern, secundado por sus correligionarios Betty McCollum y Dennis Moore, promueve una enmienda que recortaría un total de 100 millones de dólares en ayuda militar a Colombia.

Organizaciones como el Grupo de Trabajo para América Latina apoyan el recorte militar porque se oponen a la política de fumigación aérea en Colombia, respaldada por Washington, y porque consideran que el país andino no ha hecho lo suficiente por mejorar su respeto a los Derechos Humanos.