Montevideo- El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, dio un plazo de 60 días a las Fuerzas Armadas para que investiguen y aclaren lo ocurrido con los detenidos-desaparecidos, cuando se conoce que tres casos sucedieron antes de junio 1973.

El Poder Ejecutivo ordenó las investigaciones en forma escrita a los militares y le pide al Ejército que, para avanzar en éstas se base en las iniciadas por la oficialista Comisión por la Paz (2000-2004).

La mencionada y ya desaparecida Comisión, presentó un informe en abril del 2004 que confirmó 26 casos de denuncias por desapariciones, tres de las cuales se produjeron antes del 27 de junio de 1973, día del golpe de estado. Esos casos son los asesinados Abel Ayala (18 de julio de 1971), Héctor Castagnetto (18 de agosto de 1971) y Robeto Gomensoro Josman (entre el 12 y 14 de marzo de 1973).

Para cumplir con la orden del presidente Vázquez, el Ejército designó para realizar las investigaciones una Comisión integrada por los generales Carlos Díaz y Pedro Barneix, la cual ya cuenta con información recopilada. Por su parte, la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU) desestimó integrar la representación del Ejército y resolvió indagar en el interior de sus filas en forma independiente.

Se señala que, esa investigación se realizará fundamentalmente en torno a dos únicos casos de desaparición ocurridos en la base de Boiso Lanza, los de Ubagesner Chaves Sosa, asesinado en 1976, y José Arpino Vega, en 1974. En referencia a las pesquisas, la Armada afirma no poseer ningún caso de desaparición, y dice que colaborará en las indagatorias, según se informó oficialmente.

La resolución del gobierno de Vázquez también encomienda a los científicos realizar "las investigaciones pertinentes, en el marco de lo dispuesto por el artículo cuarto de la Ley de caducidad (impunidad)". Lo anterior se refiere a las excavaciones en predios militares, en los lugares que se marquen como eventuales sitios de remoción de tierra y que estén ligados a denuncias específicas o sospechas técnicamente comprobadas, "donde pudieran haberse constituido cementerios clandestinos".

Las tareas estarán "supervisadas o realizadas" por un quipo argentino de Antropología Forense, que trabaja junto a académicos y universitarios uruguayos.