Caracas, 22 Jun. ABN (Xiomara Borges).- Este miércoles, la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional (AN) recibió el informe final de la comisión especial de parlamentarios que investigó un presunto golpe de Estado que se gestaría contra el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, con la participación de paramilitares colombianos.

El informe, clasificado bajo el oficio número 1.396 de fecha 10 de mayo de este año, contiene un conjunto de propuestas generales y recomendaciones específicas.

Entre los planteamientos generales resalta la sugerencia de declarar un estado de excepción en las zonas álgidas de la frontera, a objeto de suspender algunas garantías constitucionales y mejorar así las actividades militares, realizadas por los teatros de operaciones, unidades militares y órganos de seguridad del Estado que operan en la zona.

Entre las recomendaciones, los parlamentarios creen conveniente dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación que le permite al Ejecutivo Nacional decretar las zonas de seguridad fronteriza.

También proponen exhortar a las comisiones permanentes respectivas para la aprobación de los instrumentos legales, tales como la Ley contra el Secuestro y la Extorsión, el Código Orgánico de Justicia Militar, el Código Orgánico Procesal Penal, la Ley sobre Armas y Explosivos, además de la Ley Orgánica de Fronteras.

De la misma manera, los legisladores exhortan a los gobernadores y alcaldes fronterizos, asociaciones, federaciones, etnias y demás organizaciones sociales y gremiales para que participen activamente con la Fuerza Armada Nacional (FAN) y demás órganos de seguridad en los planes y estrategias de defensa integral de la nación, de acuerdo con el principio de corresponsabilidad entre el estado y la sociedad civil.

Asimismo, apoyar al Ejecutivo Nacional mediante la aprobación de recursos para el fortalecimiento del poder militar, como parte del diagnóstico operacional de la FAN en los respectivos teatros de operaciones, e incrementar el Sistema Nacional de Inteligencia.

Otra recomendación se centra en la exhortación al Ejecutivo Nacional para que se implementen comisiones binacionales de defensa y seguridad, derechos humanos, garantías constitucionales y política exterior, con la finalidad de generar estrategias y alianzas para la búsqueda de la paz.

En cuanto a los hechos que motivaron la creación de esta comisión especial hay que recordar que en mayo de 2004 la sala de transmisiones del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Científicas (CICPC) recibió una llamada telefónica, mediante la cual denunciaban un "movimiento extraño" en la finca Daktari.

La hacienda Daktari, ubicada en el sector La Mata de Gavilán, vía Turgua, en el municipio El Hatillo, es propiedad de Robert Alonso, un radical anticastrista, supuesto miembro del Bloque Democrático, responsable de traer la modalidad de la guarimba o bloqueos de calles para crear conflictos.

Hasta el lugar se trasladó una comisión de la policía científica, quienes interceptaron dos autobuses de transporte público ocupados por 57 personas de nacionalidad colombiana.

Los sujetos vestían prendas militares venezolanas, además les incautaron documentos como tarjetas de reservistas.

El total de presuntos paramilitares capturados fueron 116, entre quienes se encontraban nueve menores de edad que fueron retenidos en Fuerte Tiuna y repatriados a Colombia.

La Asamblea Nacional debatió el tema en su sesión del 18 de mayo de 2004 y aprobó la conformación de una comisión especial para que investigara un nuevo golpe de Estado contra el Mandatario nacional, con presunta participación de paramilitares colombianos.

La comisión especial de parlamentarios la integraron los diputados del Movimiento V República (MVR), Néstor León Heredia, quien preside la comisión, además de Raúl Esté, Juan Mendoza, Héctor Vargas, Víctor Hugo Morales, William García, Rodrigo Cabezas, Henry Hernández y Carlos Espinoza León.