COMUNICADO

El Foro por la Vida, coalición de organizaciones venezolanas de derechos humanos, denunciamos la impunidad en que permanecen los hechos ocurridos el 11 de abril de 2002 y días siguientes, la cual menoscaba la vigencia de los derechos humanos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Por esa razón manifestamos lo siguiente:

1. A un año de los acontecimientos ocurridos el 11.04.02 y días subsiguientes en donde perdieron la vida más de 19 personas y muchas otras resultaron heridas, la mayoría de las investigaciones sobre estos crímenes, no superan la etapa inicial del proceso de investigación fiscal, habiendo transcurrido un año sin que, en la mayoría de los casos, se haya interpuesto la acusación fiscal;

2. Factor importante de esta impunidad es el deterioro de la autonomía e independencia de los poderes públicos y la falta de colaboración por parte de los organismos policiales y militares para facilitar las investigaciones. El Ministerio Público no ha tenido la voluntad y diligencia suficiente para adelantar las investigaciones que conduzcan a la determinación de los presuntos responsables para iniciar los procesos judiciales a que hubiere lugar;

3. Esta situación se inscribe en una impunidad sistemática y endémica que hace que la mayoría de los delitos contra los derechos humanos no sean juzgados ni condenados. Las principales causas de esta impunidad endémica son: la corrupción policial o judicial, la politización de los órganos de administración de justicia, la inseguridad jurídica a causa de la incertidumbre de las reglas y leyes del Estado, la mora legislativa, el carácter provisorio de la mayoría de los jueces, la parcialidad de los órganos de administración de justicia y la falta de acceso a la justicia y a los tribunales por parte de los grupos excluidos;

4. Rechazamos la existencia de disposiciones legales o constitucionales que favorecen esta impunidad. Entre las principales señalamos la previsión del antejuicio de mérito para oficiales generales y almirantes de la Fuerza Armada, dispuesta en el ordinal 3º del artículo 266 de la Constitución, así como la no existencia de plazo en la interposición de la querella fiscal en la ausencia de detenidos;

5. La posibilidad de la creación de la Comisión de la Verdad como un mecanismo legal que garantice la independencia y transparencia en la investigación de los sucesos de abril, significó para familiares de las víctimas la esperanza de que se lograría conocer la responsabilidad sobre estos hechos. Sin embargo, rechazamos enérgicamente que, a un año de estos dolorosos hechos, no se hayan dado signos de voluntad política para que la misma se concrete;

6. Ratificamos nuestra condena al golpe de Estado dado el 11.04.02 y lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al afirmar "la ruptura del orden constitucional constituyó una violación a principios básicos del derecho internacional vigente en las Américas, reflejados principalmente en la Carta Democrática Interamericana y de Derechos Consagrados en la Convención Americana";

Por todo lo anterior, exhortamos al Estado venezolano a:

1. Que se inicie una investigación seria y exhaustiva, apegada a los estándares de protección de los derechos humanos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, que conlleve finalmente a un juicio y posterior sanción de los responsables de los hechos ocurrido el 11.04.02 y días subsiguientes;

2. Que la Asamblea Nacional proceda a designar de manera inmediata a las Autoridades del Poder Ciudadano, siguiendo el mecanismo establecido por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y apruebe las leyes pendientes relativas a estos organismos, en especial la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo;

3. Que se proceda a designar a los jueces y fiscales mediante concursos transparentes de oposición;

4. Que se proceda, con carácter inmediato, a reiniciar el debate sobre el proyecto de Ley para crear la Comisión de la Verdad, que permita a todos los venezolanos y venezolanas conocer la autenticidad de los hechos ocurridos el 11 de abril y días subsiguientes, y a los órganos judiciales establecer las sanciones correspondientes a los responsables;

Por la Vocería del Foro por la Vida:

José Gregorio Guarenas, Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas

Fernando Pereira, Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap)

Carlos Correa, Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos



Caracas, 11 de Abril de 2003.