El evento tuvo como finalidad la elaboración de estrategias para atender un eventual desplazamiento masivo de refugiados neogranadinos a Venezuela. Según el presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados, Ricardo Rincón, el Estado garantiza la seguridad de los extranjeros”. La embajadora colombiana, María Díaz, añadió que el presidente Uribe busca soluciones.

Con el objetivo de llevar a cabo el “Memorándum de entendimiento entre Venezuela y Colombia sobre el tratamiento de las personas desplazadas en territorio colombiano que llegan a la frontera venezolana”, instalado el 23 de abril de 2003 en Puerto Ordaz, estado Bolívar, ayer se celebró la II Reunión binacional de autoridades ministeriales y operativas para el tema de desplazados.

Durante el encuentro se contó con la presencia del presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados y representante del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ricardo Rincón; la embajadora colombiana María Díaz de Suárez, el secretario de Gobierno del Zulia, Nelson Carrasquero, representantes de organismos de seguridad del estado y la Iglesia católica.

Rincón informó que el evento tuvo como finalidad la elaboración de estrategias binacionales para confrontar un eventual desplazamiento masivo de refugiados neogranadinos al país.

“Partimos de la experiencia que tuvo el estado por el caso de Bahía Portete durante el 2004 y en donde hubo una afluencia masiva de ciudadanos de la etnia wayuu durante abril de 2004, la idea es que ambas naciones afiancen sus mecanismos para solventar ese tipo de eventualidades”.

El representante de la comisión de refugiados resaltó que los ciudadanos que llegan a la frontera colombo venezolana huyendo de los conflictos paramilitares “no pueden ser declarados refugiados inmediatamente, ya que inicialmente a esas personas se les brinda protección temporal y después ellos deciden si solicitan refugio o desean retornar a su país. Si las condiciones de regreso de las personas no están dadas el Estado les negará el permiso para que abandonen el territorio”.

Posición

La embajadora colombiana, María Díaz de Suárez, destacó que existen tres zonas vulnerables para recibir refugiados. “Tenemos 2.016 kilómetros de frontera con Venezuela y a lo largo de toda esa franja se podrían dar los desplazamientos. La frontera de Apure con el departamento del Arauca, Táchira con el norte de Santander y Zulia con la Guajira colombiana son áreas en las que se reciben a los habitantes que huyen, en la mayoría de los casos, de los paramilitares”.

Para la embajadora, la reunión se centró en tratar que las contingencias sean lo más organizadas posible: “En el caso de Colombia, tenemos que organizar dos de las condiciones que se dan en el Derecho Internacional: la garantía de los derechos de los afectados y su seguridad para el retorno. Si no se dan, pediremos ayuda de organizaciones internacionales”.

Carlos Montiel, presidente de Cruz Roja, seccional Zulia, aseguró que la institución se encuentra preparada para atender cualquier situación.

“De darse el caso, nosotros les prestaremos a todas las familias la ayuda, que consiste en la entrega de ropa, alimentos y atención prehospitalaria, hasta que se les aclare su condición”.

Indicó Montiel que en julio de 2004 se firmó en el país la primera acta de Protección Temporal para Refugiados. “En ese acuerdo el estado se comprometió a asumir la protección de las personas con alimentos, educación y salud”.

Detalló que la Cruz Roja regional posee 30 socorristas y 150 voluntarios que se dirigirán al área donde se encuentren los desplazados, así como el apoyo de más de 2. 000 efectivos de otros estados.

Posición

Johel Salas, director ejecutivo del Instituto Zuliano de Estudios Fronterizos y comisionado de Fronteras del estado, de la Gobernación, informó que el gobierno regional garantizará el trato digno y respeto a los derechos humanos de los extranjeros que se encuentren en el país.

Así mismo añadió que el pasado 1 de febrero se acordó la aprobación de la Secretaría Técnica Regional para Refugiados en Zulia, la cuarta funcionando en el territorio nacional.