La Paz, 07 Abr. Venpres.- Las transnacionales beneficiadas con la privatización de las grandes empresas estatales bolivianas se han llevado de Bolivia ganancias por mil 752 millones de dólares en seis años, reveló este lunes un destacado analista político.

El experto, Alvaro García, basó la revelación en cifras oficiales del Ministerio de Hacienda y el Servicio de Impuestos, sobre las remesas de utilidades declaradas por las transnacionales que recibieron en la pasada década las hasta entonces compañías estatales de telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, aeronáutica civil y otras, reportó Prensa Latina.

El citado monto corresponde al total de capitales enviados al exterior por esas empresas, de 1997 a 2002, lapso en el que la cifra anual osciló entre 259 millones (2001) y 324 millones (1998).

García agregó que las transnacionales se llevan a sus sedes sumas mayores, producto de ingresos no declarados al fisco, como la venta al público de petróleo liviano sin refinar, como si fuera gasolina, que les deja una ganancia ilícita de 100 millones de dólares, según cálculos del conocido empresario boliviano Samuel Doria Medina.

Preguntado sobre el tema por el diario El Deber, el vocero presidencial, Mauricio Antezana, dijo no conocer las utilidades de las empresas privatizadas.

El portavoz oficial agregó que mientras esas compañías cumplan sus planes de inversión y las normas legales vigentes, al Gobierno no le importa lo que hagan con las utilidades que obtienen.

El analista García se refirió de otro lado a las excesivas ganancias de las transnacionales petroleras y reveló que un ejecutivo de una de esas empresas le confió que mientras en otros países ganan el triple de su inversión, en Bolivia obtienen nueve dólares por cada dólar que invierten.

Agregó que la población piensa que su deprimida situación económica se debe a que, por la privatización, las empresas extranjeras se llevan del país el poco dinero disponible.

García criticó al Gobierno por no ceder a la demanda general de revisar la capitalización, modalidad privatizadora de las grandes empresas estatales bolivianas y consistente en que el beneficiado recibió 51 por ciento de las acciones de la correspondiente compañía, a cambio de un programa de inversiones en la misma.

El resto de los títulos (49 por ciento) constituye un fondo, también administrado privadamente, para solventar un bono de vejez, aunque por razones que son materia también de críticas y sospechas oficiales, los réditos no han alcanzado para ese fin.

Mientras la oposición de izquierda demanda revertir la privatización o al menos aumentar del 18 al 50 por ciento las regalías que pagan las transnacionales petroleras, el ex presidente y cogobernante, Jaime Paz Zamora, atribuyó en buena medida la crisis económica actual a la entrega de las empresas estatales en la década pasada.

Ante las críticas, el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada -que aplicó la capitalización en su primer Gobierno (1993-97)- nombró recientemente un Delegado Presidencial para que analice la medida y sugiera modificaciones que la perfeccionen.