Las reformas a la Caja de Seguro (CSS), tal como se preveía, contemplan cambios que
perjudicarán a los trabajadores panameños.  En primer lugar,
se aumentaría la edad de jubilación de los trabajadores (a 65
años los hombres y a 62 años las mujeres).  Además, se
contempla aumentar la cuota que deben abonar los asalariados.
Las reformas también proponen aumentar el número total de
cuotas mensuales (la densidad) que debe cotizar el asegurado
antes de pensionarse de un total de 180 meses (15 años) a 300
meses (25 años).

El paquete de reformas, a su vez, quiere destinar el 25 por
ciento de las reservas de la CSS a los bancos privados
nacionales y extranjeros para que puedan especular en los
mercados internacionales.  Esta medida arriesgaría de manera
innecesaria los ahorros de los trabajadores y el futuro de
las pensiones.

Las reformas propuestas responden a los lineamientos del
Banco Mundial dados a conocer a fines de 2004.  El Banco
recomienda que todos los países deben aumentar las
recaudaciones de los sistemas de seguridad social y, a la
vez, disminuir los gastos.  El remanente debe contribuir a
incrementar los pagos que se efectúan a la deuda externa.
(Es decir, incrementar la transferencia de riquezas de los
países más pobres hacia los más ricos).

El Banco Mundial también recomendó que los países con
sistemas de seguridad social no deberían privatizar las
reservas de sus instituciones, ya que la experiencia ha sido
negativa.  (No ha contribuido a enriquecer más a los países
más ricos).  En otras palabras, el Banco Mundial se opone a
la creación de las llamadas cuentas individuales y al sistema
de “pilares” que han fracasado en todos los países donde se
han aplicado.

El capital financiero panameño, por su parte, ha reaccionado
rápidamente reclamando que la reforma a la CSS es
“insuficiente”.  Los medios de comunicación que estos
intereses controlan han protestado porque las reformas
excluyen la privatización de las reservas de la CSS.  Señalan
que las reformas “paramétricas” no resuelven los problemas.

El planteamiento del capital financiero (banqueros,
aseguradores y otros especuladores), sin embargo, no tiene
fundamento por dos razones.  Por un lado, su preocupación no
tiene que ver con la seguridad social de los trabajadores
asegurados.  Tiene que ver con su deseo de aumentar sus
ganancias especulando con los ahorros de los trabajadores.
Por el otro, la actual crisis de la CSS no tiene una base
económica.  Es decir, la crisis no se debe a la falta de
ingresos que, hoy, suman anualmente US$1.4 mil millones.

La crisis actual de la CSS tiene dos raíces muy relacionadas
una con la otra.  Sólo cuando se ataque ambas con fuerza y
energía se puede superar la crisis.  Por un lado, los
administradores de la CSS históricamente han abusado de los
recursos.  Desde asaltos a sus recursos promoviendo proyectos
financieros inviables, hasta la inversión en nuevas
instalaciones sin estudios previos para beneficiar pequeños
grupos de especuladores.  Por el otro, las políticas
económicas impulsadas por los gobiernos de turno en los
últimos 20 años han disminuido el número de trabajadores
asalariados provocando una merma significativa en el programa
de pensiones de la institución.

La solución a la crisis de la CSS tiene que ver con problemas
políticos y administrativos que los gobiernos no quieren
enfrentar.  Con las reformas la CSS seguirá siendo una fuente
de enriquecimiento ilícito (corrupción) en la medida en que
no se enfrentan los problemas reales de la institución.  Las
reformas actuales responden más a las exigencias del Banco
Mundial y menos a las soluciones que demandan los
trabajadores asegurados del país.


- Marco A. Gandásegui, hijo, sociólogo panameño, Director del
Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) “Justo Arosemena”.