Los tres firmantes del comunicado piden libertad inmediata para los seis presos políticos que aún están en cárcel, puesto que motivos "técnico-jurídicos" no les favorecieron en el indulto de agosto de 2004; y condenan los juicios en que los presos políticos son juzgados de acuerdo con la ley antiterrorista, " creada para criminalizar las luchas sociales y populares".

Un nuevo proyecto de ley ingresó en la Cámara de Diputados, en este mayo, en la busca de solucionar la situación de esos prisioneros condenados por la ley antiterrorista. El proyecto tiene el apoyo de diez diputados de la concertación, el aval de la iglesia católica y de organizaciones de derechos humanos, está siendo discutido en la Comisión de Derechos Humanos. Los presos políticos vivieron en media trece años en cárcel, de los cuales once en el Cárcel de Alta Seguridad, donde denuncian que estaban "sin defensa oportuna y eficaz; torturados en nuestra detención y encierro; juzgados por el basurero de la justicia chilena, la justicia militar, que se hace juez y parte, violando principios de derecho internacional".

Los prisioneros políticos atribuyen la existencia hasta hoy de la prisión política al hecho de ser una herramienta útil al sistema capitalista y su orden social; y añaden que son combatientes que "enfrentan resueltamente la dictadura asesina y su continuismo neoliberal para construir una sociedad donde los distintos pueblos y comunidades vivan en plenitud y felicidad".

Los pueblos indígenas de Chile, también, empezaron, el pasado lunes, 16, huelga de hambre por la defensa de sus derechos y libertades fundamentales que "están siendo anulados, diluidos, restringidos y limitado por parte del poder legislativo y ejecutivo, mediante un eventual reconocimiento constitucional de los Pueblos Indígenas".