OGADE



El presidente del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (Fogade), Jesús Caldera Infante, anunció a PANORAMA que la institución podría solicitar la revisión de la sentencia emitida por la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, que revocó la solicitud de extradición de los banqueros prófugos responsables de la debacle financiera de 1994-1995.

Caldera Infante expuso también algunas de las propuestas que Fogade hizo a la Asamblea Nacional para la reforma parcial a la Ley General de Bancos (LGB).

-¿En qué estatus se encuentra el pago de recursos a las víctimas de la crisis financiera de 1994-1995?

-Fogade debe saldar la deuda social y económica que los gobiernos anteriores no pudieron honrar con gruesos segmentos de la población venezolana. Dentro de ese esquema de desatención se mantuvieron durante 11 años más de 400 mil venezolanos que tenían cuentas de ahorro en el sistema financiero y se vieron afectadas con la crisis financiera de 1994-95.

En el marco del Estado social y democrático de derecho y de justicia, adelantamos un plan de pago a los ahorristas que en una cuantificación inicial rondaba los Bs. 19,5 mil millones.

-¿Qué hará Fogade ante la decisión adoptada por la Sala Penal del TSJ de revocar la solicitud de extradición de los banqueros prófugos?

-En derecho hay una máxima que reza que el tiempo es tu aliado si actúas con diligencia, pero es tu adversario si dejas de obrar con la debida celeridad y surgen conceptos como el de prescripción y caducidad.

Lo que imperó con ocasión de la estafa financiera del 94-95 fue la falta de actuación oportuna y diligente. Muchos de los juicios fueron sobreseídos porque las autoridades competentes no presentaron las actuaciones que exige el orden penal o por la falta de una investigación que condujera a la búsqueda de pruebas y elementos de convicción para inculpar a los responsables.

Aspiramos a que las sociedades mercantiles no financieras, relacionadas o vinculadas a los grupos financieros, respondan, pues se prestaron para recibir millonarios créditos por parte de los bancos y hubo laxitud en la supervisión.

-¿No todo los bienes patrimoniales pasaron a manos de Fogade?

-No, muchos quedaron en manos de empresas relacionadas, intervenidas, de terceros, amigos y testaferros.

-¿Qué hicieron las juntas liquidadoras?

-El páramo agarró sin cobija a toda esa gente y la improvisación fue la regla. En el caso del banco Construcción, por un mismo conjunto de bienes se dieron tres auxilios financieros distintos que sumaron unos 280 mil millones de bolívares en 1994, porque las garantías otorgadas eran falsas. Hubo otro caso donde la falsificación de linderos fue tal que, en Bailadores (Mérida), cuando ocurrió el siniestro del Banco Andino, se dio en garantía una hacienda con 750 hectáreas planas.

-Hay demasiados responsables en todo esto...

-Pero hay una noticia buena y es que la tesis del velo corporativo de los 10 grupos financieros estaría sumando en su conjunto más de 14 billones de bolívares, al cambio actual.

- ¿Cómo es posible que una entidad financiera que cerró sus servicios al público en 1994, haya mantenido la misma planta de personal en Miami y todo ese personal era cancelado con cargo al activo de la institución?

- Ese banco que se encuentra sometido a situación de bancarrota, mantenía un elevado nivel de gastos de funcionamiento y de personal.

Nos trasladamos a la Reserva Federal de Estados Unidos y hemos gestionado el cierre de la oficina para que el proceso sea culminado en las instalaciones de Fogade o en la instalación de un banco de nuestra propiedad en Estados Unidos.

-¿Qué reformas parciales están planteando ustedes a la Ley General de Bancos?

-Fogade tiene un conjunto de propuestas importantes. La Constitución crea un nuevo régimen socioeconómico y establece el rol que el sistema financiero puede desarrollar.

Hablamos de finanzas sociales o financiamiento productivo, que no es más que implementar las finanzas para el desarrollo.

En Venezuela tenemos indicadores que dan cuenta de que un 80% de la población económicamente activa está “desbancalizada”.

Las personas que hacen economía popular alternativa o economía en la calle deben solicitar créditos, pero son víctimas de la especulación desmesurada y la usura porque no hay servicios financieros ni productos que desde la banca convencional le faciliten el acceso al capital.

Proponemos democratizar el crédito e incorporar de manera efectiva a gruesos sectores de la población productiva al desarrollo de la economía real

-¿Entonces no se pretende estatizar la banca como se ha dicho, a raíz de la adopción de medidas por parte del Ejecutivo y del BCV?

-No se pretende estatizar la banca ni de un plumazo convertirla en banca del Estado o banca pública. Nacionalizar la banca no está previsto.

Queremos que la nueva ley consagre a la banca como un servicio público impropio, que atienda a una generalidad de personas determinable en la medida en que se sabe cuántas cuentas existen en el sistema financiero, cuántos clientes atiende, cuántos son, etc.

-A su parecer, ¿cuál es el nivel óptimo de reservas?

-Estamos hablando, según estimaciones hechas por nuestros técnicos, de 19 mil o 19 mil 500 millones de dólares para nuestra economía actual, pero hay que precisar qué hacer con las reservas internacionales y qué hacer con las divisas que siguen ingresando al país.

Nuestro planteamiento pasa por considerar que las que excedan al límite fijado, puedan orientarse al rescate, recompra o pago de deuda pública externa; a la cancelación de bienes o servicios que tengan que ser importados por el país; y de aval o garantía para emisiones de papeles, letras del Tesoro o bonos.

PERFIL

Jesús Caldera Infante es abogado de profesión, egresado de la Universidad de Los Andes.

Tiene postgrados en Criminalística en la Universidad Valle del Momboy; especialidad en Derecho Procesal en la Universidad Católica Andrés Bello y una maestría en Desarrollo Regional Sustentable en la ULA.

Desde el año pasado preside Fogade.