Muchas de las violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos en Colombia constituyen 'crímenes contra la humanidad' y sus autores son servidores públicos, indica el informe sobre Colombia presentado este viernes en Ginebra por Sergio Vieira de Mello, Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.

Sometido a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, el documento especifica que se trata de 'ejecuciones extrajudiciales, masacres, homicidios de carácter individual o selectivo, actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, acciones que implican el empleo desproporcionado de la fuerza, desapariciones forzadas, detenciones ilegales o arbitrarias' y otras atrocidades.

El texto añade que sus responsables son agentes del Estado, 'comprometidos en graves abusos de poder, en omisión o en abierta connivencia con el paramilitarismo', y que tales conductas se dan en el marco 'de la política de seguridad del nuevo gobierno' y 'de la situación de conmoción interior declarada en agosto' pasado por el presidente Álvaro Uribe.

Vieira de Mello enumeró en su discurso 27 recomendaciones que le viene proponiendo al gobierno de Colombia para mejorar el respeto de los derechos humanos, en aspectos como la prevención, protección, asesoría y cooperación en cuanto a esos derechos, y en la solución del conflicto armado, la impunidad y la salvaguarda del Estado de Derecho.

Para la defensa del Estado de Derecho el Alto Comisionado dijo que 'no se puede permitir la existencia de nexos de servidores públicos con grupos armados al margen de la ley, ni de la impunidad que genera el debilitamiento de las garantías judiciales y de la independencia y autonomía de la justicia'.

La intervención de Sergio Vieira de Mello abrió el debate sobre Colombia en esta Comisión, en el que se pronunciaron 17 ONGs, las que le pidieron que ante el empeoramiento de la situación, informe también a la Asamblea General de la ONU en septiembre próximo de la evolución del caso, para examinar si el gobierno cumple con las recomendaciones de las Naciones Unidas.

Estas ONGs, le imputaron al gobierno de Colombia la voluntad de 'perseguir a la población civil', de 'militarizar la sociedad' y 'desmantelar el Estado de derecho', creando una 'red nacional de informantes' y la organización de 'soldados campesinos', pretendiendo que '44 millones de habitantes se conviertan en militantes bajo las órdenes de los comandantes del ejército'.

Estas ONG, entre las que se destacan la Comisiones Andina e Internacional de Juristas, la Organización Mundial contra la Tortura, el Servicio Internacional de Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos denunciaron que las autoridades de Colombia están indultando o amnistiando paramilitares transgrediendo las normas internacionales de derechos humanos.

Al respecto, en un documento conjunto de estas ONG leído ante la Comisión, se afirma que tales medidas de gracia son adoptadas por el decreto 128 suscripto por el presidente Uribe, 'sin ninguna consideración por los derechos a la verdad, la justicia y la reparación', y que sus beneficiarios no han sido condenados ni investigados por 'crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra'.

El gobierno de Colombia aseguró por medio de su Director de Derechos Humanos, Carlos Franco, que cumplirá con las recomendaciones que le viene formulando la ONU, las que serán puestas al día en un mensaje de la Presidente de esta Comisión, la libia Najat Al-Hajjaji, cuyo contenido se lo conocerá antes que terminen los debates el 25 de abril venidero.

Franco prometió que las recomendaciones de la ONU constituyen 'una guía de trabajo y para llevarlas a cabo elaboraremos metas, responsables e indicadores de manera conjunta' con la Oficina en Colombia del Alto Comisionado, a quien invitó a visitar el país, lo que este aceptó realizar en el curso del presente año.

La delegación de Canadá apoyó la solicitud de las ONGs para que el Alto Comisionado informe a la Asamblea General de la ONU este mismo año sobre la evolución de la situación en Colombia, al tiempo que Noruega exhortó al gobierno a retomar las negociaciones de paz con la guerrilla.

Grecia, en nombre de la Unión Europea, recalcó la urgencia en que Colombia aplique las recomendaciones de la ONU y reiteró la necesidad de buscar una solución negociada al conflicto interno, para lo cual subrayó el papel de facilitador que debería jugar en esa perspectiva un representante del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofy Anan.

Compuesta por 53 Estados que van rotando anualmente, Colombia no forma parte este año de la Comisión, la que sin embargo cuenta con 11 países latinoamericanos, que son la Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.