Bogotá, 18 May. ABN.- Una fuerte controversia renace hoy en Colombia,luego deque el Senado revivió unos artículos del proyecto de Ley de Justicia y Paz que le otorgan condición política a los paramilitares.

La decisión de los senadores colombianos, explica la Web de Prensa Latina, aprobada por una amplía mayoría de 58 votos contra 18, provocó el inmediato rechazo de los congresistas que lograron eliminar esos artículos en la discusión en las comisiones primeras del Senado y de la Cámara de Representantes.

En el texto original, elaborado por el Gobierno y algunos legisladores afines, consideraba el delito de los paramilitares como sedición, equiparándolo con el de los guerrilleros.

Durante el primer debate en las comisiones primeras del Senado y de la Cámara de Representantes, los opositores lograron sacar esos artículos del proyecto al calificarlo de narco-engaño. Quienes se oponen a concederle esa condición a los paramilitares lo
hacen porque estiman que con ello sólo se busca evitar la extradición a Estados Unidos de los cabecillas de esos grupos, salpicados por el delito de narcotráfico.

El hecho estriba en que el delito de sedición no es extraditable, según la legislación vigente en Colombia. También, le permite a los paramilitares que se desmovilicen
beneficiarse con la posibilidad de ser elegidos popularmente en las urnas, es decir, participar en política.

Esa y la eliminación de la extradición constituyen las principales demandas y condiciones planteadas por los cabecillas de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para desarmarse.

Al respecto, medios de prensa locales indican que la cúpula de las AUC hizo saber al ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretelt, que la aprobación de ese artículo era vital para salvar las negociaciones con esa organización.

No obstante, Pretelt y el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, desmintieron que ese sea el fin de los artículos revividos, sino el de equiparar a las AUC con los guerrilleros y dejarlos en igualdad de condiciones.

Por su parte, los senadores Darío Martínez y Samuel Moreno dejaron una constancia para advertir la existencia de vicios en el trámite de ese recurso de apelación, el cual no tiene antecedentes en la legislación colombiana.

Ahora corresponde a la Comisión Segunda del Senado decidir sobre los artículos revividos, tras lo cual el proyecto oficial de Justicia y Paz comenzaría su discusión en plenaria la próxima semana.

Además de una fuerte oposición interna porque no garantiza verdad, justicia y reparación para las miles de víctimas de los paramilitares en Colombia, la iniciativa tampoco cuenta con el visto bueno de organismos internacionales, como Naciones Unidas.

En ese sentido, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Luoise Arbour, instó al Gobierno colombiano a asegurarse de que los paramilitares reciban castigos acordes a los crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población civil.