La Paz, 16 may (PL) Una jornada de protestas contra una ley de hidrocarburos vivirá hoy Bolivia, donde se aguarda que el presidente Carlos Mesa defina su posición en el tema, tras fracasar su convocatoria a un diálogo nacional.

Comenzarán así una serie de acciones por la nacionalización del gas y el petróleo o por el cobro efectivo a las transnacionales, de tributos por 50 por ciento de la producción.

La nacionalización, radical y directa, será reclamada por una marcha de los sindicatos y las juntas vecinales del cercano municipio de El Alto, apoyada por la Central Obrera Boliviana (COB) y que además exige la renuncia de Mesa y el cierre del palamento.

El secretario ejecutivo de la COB, Jaime Solares, afirmó que las movilizaciones que promueve se extenderán a todo el país, e incluirán bloqueos de carreteras, huelgas de hambre y tomas de instalaciones petroleras.

También hoy se iniciarán sendas huelgas de los maestros urbanos y del gremio del transporte interprvincial.

En torno a rumores generados por la incertidumbre reinante, Solares afirmó que la COB y el pueblo "no permitirán que los golpistas de la derecha se apoderen del Gobierno para favorecer a los oligarcas y saqueadores de nuestros recursos naturales y a quienes quieren fragmentar a nuestra Patria".

De igual manera hoy comenzará en Caracollo -200 kilómetros al sur de aquí- una marcha del Movimiento al Socialismo (MAS) y diversas organizaciones campesinas y urbanas, en defensa de los hidrocarburos y por una asamblea constituyente.

El líder del MAS, Evo Morales, aseguró que la marcha será pacífica y adelantó que su partido canalizará las demandas de la misma en el congreso, con un proyecto modificatorio de la ley de hidrocarburos aprobada elpasado día 5 por el parlamento.

Según el partido izquierdista, la legislación deja abierta la posibilidad de que las transnacionales evadan el pago del 50 por ciento definido por un referendo en 2004, lo que debe ser subsanado con una ley modificatoria.

Entretanto, la prensa, los parlamentarios y los dirigentes políticos y sociales siguen esperando que el presidente Mesa defina su posición respecto a la nueva ley, a la que objetó de manera genérica y que intentó tratar en un encuentro nacional desde hoy.

La convocatoria fracasó rotundamente por la negativa a participar de invitados claves, como los poderes legislativo y judicial.

El gobernante había anunciado que hablaría ayer del tema, lo que generó expectativa sobre un posible mensaje de Mesa por televisión en el que precisaría sus objeciones, que se estima rechazará el congreso, pero la comparecencia no se produjo.

Las definiciones apremian, pues mañana expira el plazo para que el presidente observe la ley o la vete totalmente, para que el parlamento decida si la ratifica o no.

Si hasta mañana Mesa no comunica su posición al congreso, la ley, resistida por las transnacionales por afectar sus intereses, será puesta en vigencia por el legislativo: y la espera está matizada por nuevos rumores sobre la renuncia del mandatario.

El analista político Alvaro García Linera afirmó que las indefiniciones del presidente han propiciado una compleja situación en la que peligra la estabilidad del país, por las protestas sociales, el conflictos ejecutivo-legislativo y las presiones autonomistas de la oriental región de Santa Cruz.