La cooperación internacional con Colombia: Paz y Derechos Humanos

Crónica I. Especial para ANNCOL. Desde Barcelona escribe nuestro corresponsal, Pedro Pablo C. A la embajadora Sanín no le fue bien en su intervención tratando de defender uno de los Estados más violentos de América Latina. Al ser interpelada por los asistentes reconoció que en Colombia un 60% de población se encuentra en la pobreza. De izquierda a derecha: Francesc Freixa( mesa catalana), Embajadora N. Sanín, Ma Eugenia Sanchez [Alianza de organizaciones sociales y afines), Rafael Soriano Ortiz ( agencia española de cooperación]

06.05.2005 [Pedro Pablo C/ ANNCOL] Estuvimos en Barcelona, en la 3ª Jornada catalana por la paz y los derechos humanos en Colombia. En el evento se hizo principal hincapié en la cooperación y el rol que esta puede jugar en el conflicto colombiano, la jornada que se realizó los días 14,15, 16, de abril estuvo organizada por “la Mesa Catalana por la paz y los derechos humanos en Colombia”, la Mesa catalana aglutina a más de 20 entidades oficiales y privadas, ONG, y algunos Sindicatos de Cataluña.

Las organizaciones que allí convergen tiene como principio básico que: “una paz verdadera y conciliación en Colombia tan sólo se pueden conseguir a través de una solución negociada que se fundamente en el esclarecimiento de la verdad, en la justicia y el reconocimiento del derecho a la reparación de las victimas de las violaciones de DDHH y del DIH, así como de sus familiares. Que el Estado colombiano es la principal instancia responsable de velar por el respeto de los DDHH dentro de su territorio”.

Al acto fue invitada la embajadora del gobierno colombiano en España Noemí Sanín, y varias ONG colombianas, con una asistencia nutrida de colombianos residentes en España, se hicieron presentes refugiados colombianos, colombianos sin permiso de estadía, y muchos ciudadanos de Cataluña solidarios con Colombia, asistieron también representantes de las diferentes fuerzas políticas que componen el parlamento Catalán y muchos ciudadanos de otros nacionalidades.

Maria Eugenia Sánchez de la alianza de organizaciones sociales y afines, expreso el desacuerdo con la negativa del gobierno a reconocer la existencia del conflicto armado en Colombia, y denunció el aumento de las inequidades sociales situación que se inscribe según ella en un modelo económico excluyente, que tiene más de 3 millones de jóvenes sin escuelas, nosotros asistimos a una “internacionalización del conflicto colombiano, primero porque se pretende inscribirlo dentro del problema global del terrorismo y segundo por la cantidad de intereses que se disputan en Colombia. Sánchez mostró preocupación por crisis humanitaria que se ha producido por el conflicto y las fumigaciones, es necesario una salida negociada al conflicto y une marco jurídico claro para la desmovilización paramilitar.

La representante del gobierno colombiano, Noemí Sanín, empezó su intervención resaltando la importancia que para Colombia tiene la cooperación internacional, y acto seguido como era apenas lógico, defendió la política de paz uribista. Como era de esperarse tradujo en cifras los supuestos éxitos de la política uribista, disminución del desplazamiento, disminución de los homicidios, y después pidió dinero a la comunidad internacional para el proyecto de las familias guarda bosques, proyecto –que según ella-beneficiará a 20 mil familias.

Al ser interpelada por los asistentes reconoció que en Colombia un 60% de población se encuentra en la pobreza. Otro asistente le manifestó que fuera sincera frente a la comunidad internacional, frente a las supuestas familias “Guarda Bosques”, pues en Colombia era sabido que este programa pretendía darle empleo y reciclar los paramilitares en el control territorial de zonas, la embajadora no desmintió la información y se limitó a decir que había que darles otra oportunidad a ellos (paramilitares).

Recordó que el gobierno del presidente Uribe requiere del apoyo internacional para la reinserción de los paramilitares y de todos los actores del conflicto colombiano, y en ese esfuerzo se inscribe la visita del presidente Uribe a España, en el mes de Julio. La embajadora se mostró molesta porque desde algunos sectores se equipara al Estado junto a otros actores de violencia, “el estado lucha desde la institucionalidad-dijo. Fue entonces cuando Jorge Rojas del Codhes le recordó que desde el DIH el Estado es uno más de los actores de violencia, y desmintió que el desplazamiento en el país haya disminuido como afirma el gobierno, “por el contrario este ha aumentado” terminó Rojas.

El señor Soriano Ortiz, de la cooperación española, en su intervención definió a América Latina como un referente esencial para España y una prioridad absoluta en términos de Cooperación, donde Colombia ocupa un lugar especial. España desarrolla según él una agenda de paz y seguridad, este objetivo es él principio que guía las relaciones con Colombia. Ante este postulado -desde el público- se le pidió que explicara al representante de la cooperación española, porque entonces en su reciente visita a América Latina el presidente Zapatero prometió apoyo al gobierno Uribe, en asistencia y cooperación militar, apoyo que se traducirá en una escalada al conflicto, y que de darse entra en contradicción con los supuestos principios que guían la cooperación española.

El señor Soriano Ortiz responde que la cooperación española está guiada por las conclusiones de la conferencia de Londres (2003) y la declaración de Cartagena (2004) donde el apoyo político de la comunidad internacional esta supeditado al cumplimiento por parte del gobierno a las 27 recomendaciones del alto comisionado de Naciones Unidas. Con respecto a la impunidad que rodea el proceso de desmovilización paramilitar y el posible apoyo de España a este proceso, el señor Soriano manifestó “que este proceso debe respetar los principios de verdad, justicia y reparación, y desarrollar un verdadero “marco legal” para hacer posible un proceso de paz”. El público asistente al evento pidió a la sociedad española, al parlamento Catalán, y al gobierno del presidente Zapatero que ejerza vigilancia a las ayudas del gobierno español, para evitar que estas se traduzca en una escalada del conflicto, en un Estado, que como el colombiano presenta una conducta omisiva con respecto a los derechos humanos y al respecto del Estado de derecho.

El señor Soriano recordó a los asistentes “que el gobierno español es consciente que en Colombia han aumentado los niveles de pobreza, de la desigualdad social, y el endeudamiento externo”.