Las relaciones con Venezuela, el Plan Patriota, el Tratado de Libre Comercio y el proceso con los parmilitares serán los temas en su agenda.

Que la Secretaria de Estado de Estados Unidos haya escogido a Colombia y El Salvador como dos de sus destinos en su primer viaje por Latinoamérica, no es casualidad.

En una región en la que E.U. cada vez tiene menos influencia y que se ve polarizada entre lo que se ha venido a conocer como “ejes de derecha y de izquierda”, ambos países son aliados estratégicos. Quizá los únicos.

Con Colombia, la relación es extensa y conocida: Lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y, desde hace un año, las negociaciones de una Tratado de Libre Comercio (TLC).

Las pocas horas que la Secretaria de Estado permanecerá en Bogotá y San Salvador, servirán para refrendar los compromisos ya establecidos y demostrarle al resto de países del hemisferio que Washington no abandona a sus socios.

Aún así, hay muchos temas importantes que estarán sobre la mesa. En particular, Venezuela, el proceso de paz con los paramilitare’paras’, el respaldo al Plan Patriota, el TLC, que ya ha entrado en su recta final y la situación de Derechos Humanos.

La Secretaria de Estado viene de un viaje a Rusia en el que le expresó al gobierno de ese país la molestia de los Estados Unidos por la venta de armas rusas a Venezuela. La administración Bush parece decidida a pasar de las palabras a las acciones con Venezuela. Según una nota de The New York Times, el gobierno de E.U. está considerando una serie de agresivas medidas, entre ellas el envío de fondos a grupos políticos, fundaciones y empresas que se opongan al presidente Hugo Chávez.

Todo esto hace que el tema de Venezuela sea ineludible en la reunión de Rice con el presidente Uribe.

Rice ha dicho abiertamente que la desmovilización de los ‘paras’ es vital para la pacificación de Colombia. Sin embargo ha permanecido distante del proceso en si, a la espera de una marco jurídico definido que le permita “vender” el proceso ante el Congreso de su país y conseguir un firme respaldo económico.

Por el momento, el legislativo ha aprobado el desembolso de 3.25 millones de dólares para el mismo, pero están condicionado al cumplimiento de una serie de requisitos que aún no se cumplen.

El caso del Plan Patriota, E.U. no solo autorizó fondos para respaldarlo (cerca de 30 millones de dólares), sino que decidió el año pasado duplicar el cupo de militares y contratistas enviados a nuestro país para fortalecerlo. Dado que han surgido dudas sobre la efectividad del mismo, el tema podría ser abordado por Rice.

En cuanto al TLC, Rice lleva dos mensajes. Primero, que su aprobación es beneficiosa para ambos países pues generará desarrollo. Segundo -y allí está lo delicado- que la ventana para que se convierta en realidad se está cerrando. Los negociadores, que acaban de concluir una novena ronda en Lima, aún están lejos de llegar a un acuerdo. Si este no se materializa pronto se cerrará definitivamente la posibilidad de que sea aprobado en este año legislativo en E.U., que culmina el primero de octubre. Si no se aprueba -muchos creen ya que es imposible- quedaría para el año entrante. Un año complicado pues hay elecciones legislativas en E.U. y presidenciales en Colombia.

El problema es que si no hay Tratado para finales del 2.006, muchos productos colombianos quedarán desprotegidas pues para esa fecha expiran los beneficios arancelarios que E.U. concedió bajo el ATPA.

Muchas ONG y centros de Pensamiento en Washington, como el Latin American Working Group y el Centro para la Política Internacional (CIP), le han pedido a Rice que aproveche su corta visita para redefinir los objetivos de E.U. en Colombia. Para estos, la insistencia en la lucha contra las drogas y el terrorismo no está dando los resultados esperados. “Una nueva política que reconozca que las fuerzas militares por si solas solo pueden “ocupar” territorios. Pero para gobernar territorios se necesita una robusta, coordinada y bien financiada presencia gubernamental.
Hasta que E.U. no entienda eso, los esfuerzos seguirán si arrojar resultados sostenibles”, dice Adam Isacson del CPI.

Además, sienten que hay coyuntura pues, por un lado, la situación de seguridad en Colombia ha mejorado un poco y, por el otro, el Plan Colombia como tal ya expiró y el Congreso de E.U. estudia actualmente cómo hacerle seguimiento en los años que están por venir.

Desde la perspectiva de la administración, no obstante, se evidencian pocos cambios en la política. A comienzos de año, el presidente Bush solicitó al Congreso otros 700 millones de dólares para invertir en Colombia en el 2.006. El destino de los nuevos fondos será casi idéntico al que ha caracterizado el último lustro de la cooperación E.U.-Colombia: narcotráfico, terrorismo y un pequeño componente de ayuda social.