El Gobierno colombiano logró varios avances frente a esta declaración anual, pero no tuvo éxito en su estrategia de cambiarle el perfil a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Bogotá.

En la declaración, la Comisión, con sede en Ginebra (Suiza)  expresa su fuerte apoyo al mandato de la Oficina y confía en que el Gobierno del presidente Uribe seguirá contribuyéndole.

Asimismo, la Comisión destaca los esfuerzos del Gobierno y las instituciones estatales por implementar las recomendaciones del Alto Comisionado y reconoce los logros obtenidos hasta ahora, pero hace un llamado para que se siga trabajando en ese sentido hasta lograr una implementación plena.

La Comisión apoya también los esfuerzos del Gobierno por consolidar la presencia de las autoridades y el control territorial, por luchar contra la impunidad, el terrorismo y el narcotráfico en el marco del respeto por el Estado de derecho y los derechos humanos.

Para esta célula, que cumplió hasta ayer su período de sesiones número 61, es positiva la reducción de los indices de homicidios, masacres y secuestros, pero coincide con el Gobierno en que el nivel y la frecuencia de estos crímenes siguen siento extremadamente altos.

La declaración hace una clara mención a la existencia de un conflicto armado en Colombia e insta al Gobierno y a los grupos armados ilegales a buscar una salida negociada que, teniendo en cuenta los conceptos de verdad, justicia y reparación, permita la reconciliación de los colombianos y la consecusión de una paz duradera.

En cuanto al proceso de paz en curso con los grupos paramilitares, la Comisión toma nota de las desmovilizaciones y el desarme y, al mismo tiempo, insta al Gobierno a establecer lo antes posible un marco legal integral que reconozca y garantice el derecho a la verdad.

No a impunidad

La ley “debe reconocer también el principio según el cual a las personas acusadas de abusos y violaciones a los derechos humanos no se les puede otorgar impunidad de ser procesados”, establece la declaración, que se logra luego de una ardua tarea de construir consensos con el Gobierno colombiano.

En relación con el tema de los informantes, la declaración le pide al Gobierno abstenerse de utilizar información que no ha sido debidamente verificada.

En el documento se menciona también la necesidad de que el Gobierno rompa cualquier vínculo entre los ‘paras’ y las fuerzas de seguridad del Estado. Para la Comisión, son muy graves los informes sobre la violación del derecho humanitario por miembros de las fuerzas armadas.

La declaración condena enfáticamente los actos criminales y terroristas de los grupos armados ilegales y les pide que cumplan el DIH.