Caracas, 19 de abril de 2005.

El presidente del Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE), Jesús Caldera Infante, reiteró este lunes que defenderá ante la Asamblea Nacional la transferencia de activos, que desde el inició de su gestión, en mayo de 2004, sigue adelantando la Institución a favor de la República Bolivariana de Venezuela en el marco del proceso revolucionario que lidera el Presidente Hugo Chávez Frías.

“Las transferencias efectuadas por FOGADE, han sido recibidas con beneplácito por miles de compatriotas, incorpora a labores económicas rentables un grueso lote de bienes muebles e inmuebles que ahora sirven a la satisfacción de los derechos humanos de nuestra población y brindan utilidad y beneficio social a los ciudadanos y los lanceros que trabajan en el contexto del desarrollo endógeno que promueve con todo éxito el Presidente Chávez”, señaló.

En este sentido, explicó que al inicio de su gestión la Junta Directiva de FOGADE aprobó traspasar de manera gratuita a la República Bolivariana de Venezuela, un lote de 341 bienes inmuebles, conformado por parcelas, fundos, y lotes de terreno con vocación agropecuaria y agroindustrial, en distintos Estados de Venezuela, “los cuales han sido orientados a la generación de empleos productivos y salarios dignos para la población, en este caso para aquella que participa en la Misión Vuelvan Caras”.

Afirma que en esta operación “no hubo lesión patrimonial alguna contra los activos de FOGADE, porque dichos inmuebles estaban provisionados, es decir, desde el punto de vista contable habían sido calificados como “pérdida total” y además existía un dictamen hecho por la Consultoría Jurídica de la gestión anterior, donde consideraban factible llevar a cabo tal figura de traspaso vía donación”.

Manifestó que gracias a estas políticas de traspasos y donaciones, las erogaciones que tenía FOGADE por concepto de vigilancia, mantenimiento, condominio e impuestos, entre otros, “se han reducido en su máxima expresión”, por lo que asegura que acudirán al Parlamento “con la frente en alto, para que el país vea que estamos obrando con estricto apego a la legalidad y que la labor de FOGADE es para el bien del pueblo y el progreso social del colectivo, de toda la ciudadanía, por supuesto cumpliendo con nuestro deber de aseguradores de depósitos, generando utilidad, renta y ganancia en lo económico”.

Caso Banco de Comercio
Al declarar su complacencia porque la Asamblea Nacional haya abierto el proceso para aclarar las políticas de transferencias hechas a la República, Caldera Infante dice que también espera que el Parlamento investigue exhaustivamente y aclare las denuncias reseñadas recientemente por algunos medios de comunicación, referidas a que su gestión exoneró de un pago de 20 millones de dólares a los propietarios del Banco de Comercio, cuando esa deuda fue reconocida y cargada a la República durante el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1988) emitiendo bonos a favor del Marine Midland Bank.

Explicó que ante estas denuncias, el pasado 10 de marzo decidió solicitar a la AN que investigue su gestión y mostró un documento remitido el 30 de marzo por el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Gastón Parra Luzardo, donde aclara que efectivamente si hubo una operación por medio de la cual la República de Venezuela, vía Ministerio de Hacienda y el BCV, reconoció y asumió como suya la deuda privada externa (262 millones de dólares) del Grupo Banco de Comercio y otros empresarios venezolanos, durante el gobierno de Lusinchi, en la conocida renegociación de la deuda externa y bajo la modalidad del ‘round trip’, en la que se incluyó la deuda del Grupo Banco de Comercio en liquidación.

“El Grupo Banco de Comercio tenía obligaciones con distintos entes financieros del exterior, el gobierno de Lusinchi, a través del BCV y del antiguo Ministerio de Hacienda, le convirtió su deuda privada en deuda pública de la Nación, donde en las operaciones de conversión de deuda, se reconocieron montos superiores a 7.500 millones de dólares”, explicó.

“De tal manera que no ha habido, ni hay, ni habrá exoneración alguna de esos 20 millones de dólares al Grupo Banco de Comercio por parte de FOGADE y menos de esta gestión, lo que sucedió fue que el gobierno de Lusinchi hizo pagar a la República la deuda privada de varios empresarios y banqueros, incluido el Banco de Comercio. Dicha operación financiera es cuestionable a todas luces, desde el punto de vista ético. Fue un acto ímprobo e injusto pero nadie lo atacó legalmente (...) quienes estaban llamados a impugnarlo u objetarlo judicial o penalmente se hicieron los locos”, aclaró y añadió que “hoy legalmente hablando, tiene efectos formales a favor de los beneficiados por aquella regalía de los adecos hasta que la justicia decida lo contrario siempre que no estén prescritas las acciones de Ley a seguir”.
Por esta razón solicitó al Parlamento que realice esa investigación de manera “exhaustiva, profunda, imparcial y objetiva”, con el fin de determinar con transparencia la veracidad o no de tales aseveraciones y establecer las responsabilidades a que hubiere lugar al cabo de las mismas. Al tiempo que reiteró su disposición de mostrar todos los recaudos confidenciales que sobre el Banco de Comercio reposan en FOGADE.