Entre los oficiales sancionados se encuentran el general (r) Gustavo Socha y el coronel Édgar Bejarano, cabezas de la Policía Antinarcóticos en 2002.

El organismo de control los investigó por el desvío de 2.700 millones de pesos que debían ser destinados a las operaciones contra el narcotráfico y les impuso una inhabilidad para ocupar cargos públicos por cinco años.

El dinero había sido donado por Estados Unidos dentro del Convenio NAS suscrito hace más de 10 años entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos para la lucha contra el narcotráfico. Incluso, esta este mecanismo fue incluido dentro del Plan Colombia.

El general (r) Socha Salamanca se desempeñaba entonces como director de la Policía Antinarcóticos y el coronel Bejarano era su secretario privado.

También fue sancionado con suspensión en el cargo el mayor Henry Rey Castañeda, quien tuvo a su cargo la coordinación de la seguridad presidencial.

La decisión, a la que se puede interponer recurso de reposición, señala que “los oficiales incumplieron sus deberes funcionales en lo relacionado con la administración de recursos del Convenio NAS”.

Además del general Socha, el Ministerio Público sancionó al ex subdirector Antinarcóticos y el ex jefe de la oficina de coordinación presupuestal de convenios de la dirección Antinarcóticos, coroneles José Ramiro Villalobos Salinas y Manuel Salvador González Aguilar.

De igual forma fue afectada con la decisión la ex jefe de la oficina de enlaces internacionales de la dirección Antinarcóticos Yadira Angélica Cediel Franklin.

Otros de los sancionados fueron los mayores Julio Fernando Sandoval Gómez, Fabio Zárate Rueda, Dagger Fabián Mora Pastrana, Diego Felipe Hernández Cerón, y Luis Alberto Quevedo Arias.

De igual forma, la decisión archivó la investigación en contra de 38 uniformados y tres civiles. El Ministerio Público también le pidió a la Fiscalía que investigue a tres civiles por presuntos delitos contra la fe pública.

El escándalo fue revelado por EL TIEMPO en mayo del 2002, publicación que sirvió de base para la investigación disciplinaria.

Las razones

De acuerdo con la decisión, parte de los dineros donados por el gobierno norteamericano fueron destinados a gastos administrativos y no a los operacionales.

Además, se señala que algunos bienes y servicios fueron utilizados indebidamente en beneficio personal, institucional o de terceros, en clara violación de las condiciones y requisitos acordados.

Una comisión conformada por la Delegada para la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales y la Contraloría General, comprobó que los gastos irregulares asciende a aproximadamente 2.700 millones de pesos.

A juicio de la Procuraduría, los soportes para legalizar esa plata no llenaron los requisitos del manual de nuevos procedimientos financieros y logísticos, creado entre los dos gobiernos para simplificar y hacer más ágil la compra de elementos .

Los investigadores rechazaron el argumento de algunos de los implicados en el sentido de que los documentos de soporte de los gastos reposaban en los archivos de la embajada de E.U. en Bogotá.

A juicio de la sentencia, “era obligación y responsabilidad de los funcionarios conservar los documentos para legalizar los gastos y reflejar una contabilidad estricta y fidedigna”.

Los hechos ocurrieron entre los años 2000 y 2002. Según el expediente, los dineros provenientes del convenio NAS corresponden a recursos públicos presupuestales. “Si bien no ingresan al presupuesto nacional…, son puestos bajo la administración y custodia de una entidad estatal, Dirección Antinarcóticos”, concluye la decisión.

Algunas denuncias

Entre las denuncias que llegaron a las autoridades figuraban algunas como la adquisición de agua por 280 millones de pesos para consumir durante un mes.

También fueron encontradas compras de reses y facturas de combustible que indicaban un inusual número de horas de vuelo.

De igual forma, la compra de 10 cajas de galletas Ducales, 10 bultos de arroz, 250 libras de pollo, 3 cajas de manzanas, 14 arrobas de pasta, 4 bultos de cebolla, 7 bultos de lenteja, 5 cajas de atún, 5 cajas de sardinas y 4 bultos de leche, fue cobrada en una factura sin fecha a una bodega de Corabastos, por 5 millones 135 mil 500 pesos.

La investigación también analizó las compras de 2 cajas de lulo, que costaron 160 mil pesos, y dos bultos de papa criolla, que valieron 140 mil pesos.

Además, oficiales que viajaban al exterior sacaban plata de las cuentas del NAS y luego las legalizaban con facturas ilegales.

Las respuestas de G. Socha y E. Bejarano

Como dura y triste calificó el general ( r) Gustavo Socha Salamanca, ex director de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía, la decisión de la Procuraduría de destituirlo e inhabilitarlo por cinco años, tras la investigación por los manejos irregulares de
recursos de un convenio de asistencia con Estados Unidos.

En opinión de Socha, quien estuvo 35 años en la Policía y permaneció durante año y medio en la Dirección de Antinarcóticos, el fallo del Ministerio Público, que aún no le han notificado, no se ajusta a los parámetros y procedimientos que tuvo en ese cargo y en su vida policial.

“Lo único que digo es que mi conciencia está tranquila. Considero que en todos los cargos en los que estuve, y más en el de Antinarcóticos, entregué todo mi esfuerzo, mi capacidad de lucha y mi profesionalismo”, sostuvo. Y agregó: “Creo en Dios y lo único que digo es que la ley y la justicia divinas sabrán compensarme algún día”.

Aseguró que se siente maltratado luego de que, según él, al frente de Antinarcóticos, logró erradicar 150.000 hectáreas de coca y 7.000 de amapola, labor que incluso fue elogiada por el gobierno de Estados Unidos y la DEA.

Por su parte, el coronel Édgar Guillermo Bejarano Chávez, ex secretario privado de la Dirección General de la Policía, dijo que presentará el recurso de reposición al que tiene derecho de acuerdo con la Ley 134, una vez el Ministerio Público lo notifique.

Bejarano Chávez asegura que en ningún momento se aprovechó del cargo para apoderarse de los dineros donados por el gobierno estadounidense.

“La misma Procuraduría General de la Nación tiene los resultados de una investigación que me siguieron por enriquecimiento ilícito, la cual determinó que jamás, en mi condición de miembro de la Policía, incrementé mi patrimonio injustificadamente”, afirmó.