La Paz, 18 Abr. ABN.- El Presidente de Bolivia, Carlos Mesa, y dos de sus antecesores fueron puestos hoy en el banquillo, por incumplir la obligación constitucional de pedir la aprobación parlamentaria para firmar contratos petroleros, informó Prensa Latina.

El Movimiento al Socialismo (MAS) pidió formalmente a la Fiscalía General de la República que inicie el procedimiento para juzgar a Mesa y a los ex gobernantes Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-97 y 2002-03) y Jorge Quiroga (2001-02).

El diputado Santos Ramírez (MAS), al presentar la demanda en la sureña ciudad de Sucre, señaló que los ex mandatarios violaron la Constitución al suscribir contratos de operaciones de transnacionales petroleras sin el requisito de pedir la aprobación congresal.

La modalidad es practicada desde el primer gobierno de Sánchez de Lozada y fue desautorizada este mes por un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que negó validez legal a los contratos vigentes y señaló que requieren del visto bueno del Parlamento.

Ramírez dijo que la acción judicial busca crear un precedente para que ningún gobernante en el futuro disponga de los recursos naturales y los entregue a las transnacionales.

Según Héctor Arce, asesor legal del MAS, los acusados deben ser imputados por los delitos de conducta antieconómica, encubrimiento, emisión de resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.

La Carta Magna establece que son atribución del legislativo aprobar "empréstitos que comprometan las rentas generales del Estado, así como los contratos relativos a la explotación de las riquezas nacionales".

"No podemos dejar en la impunidad la irresponsabilidad de los gobernantes de turno como Goni, Banzer, Tuto y Mesa", sostuvo el diputado Ramírez.

Criticó al presidente Mesa por negar conocimiento de un acuerdo tomado bajo su gobierno, iniciado en octubre de 2003, por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), sin aprobación legislativa.

El parlamentario se preguntó quién nombró al presidente de YPFB, cuya designación corresponde al mandatario.

Mesa negó inicialmente que su administración hubiera firmado contrato alguno, pero luego admitió la suscripción de un documento por la presidencia de YPFB.

Los contratos realizados sin el visto bueno del congreso suman 39 bajo el primer gobierno de Sánchez de Lozada y cinco durante el breve régimen de Quiroga.

Otros 23 se suscribieron bajo la administración del ex dictador Hugo Banzer, quien no fue incluido en la acusación del MAS por haber fallecido en 2002.

Entretanto, la Cámara de Hidrocarburos, que agrupa las transnacionales, sostuvo que los acuerdos son válidos porque fueron hechos al amparo de un decreto del primer gobierno de Sánchez de Lozada.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional señaló que pese a que ese régimen tenía atribuciones para emitir el decreto, los contratos igual deben ser sometidos a la decisión del Parlamento.

El Congreso y la Fiscalía, que aceptó un pedido para investigar los documentos, aguardan la entrega de estos, anunciada para esta semana por el ministro de la Presidencia, José Galindo.

Por su lado, las petroleras, a través de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos, emitieron ayer un comunicado en los medios escritos en el que aseguran que el sector tiene plena convicción de la validez, legalidad y existencia de los contratos de riesgo compartido.