El presidente Lucio Gutiérrez declaró anoche Estado de Emergencia en Quito, cesó la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y limitó cinco derechos ciudadanos consagrados en el artículo 23 de la Constitución.

El mandatario explicó que se vio en la imperiosa necesidad de tomar la drástica medida ante las crecientes protestas que vive la capital.

La reestructuración de la CSJ el 8 de diciembre pasado por una mayoría oficialista del Congreso Nacional generó una crisis política y jurídica en el país. La disposición gubernamental, sin embargo, no acalló las protestas de los capitalinos.

Tras la intervención de Gutiérrez, las reacciones no se hicieron esperar. Los ‘forajidos’, como Gutiérrez tildó a los manifestantes, se multiplicaron por toda la ciudad y al grito "que se vaya Lucio" demostraron su disconformidad con el Régimen.

Políticos de diversas tiendas señalaron que el país está viviendo una dictadura disfrazada, criterio que es compartido por el segundo mandatario, Alfredo Palacio.

Los legisladores decidieron autoconvocarse hoy, con el fin de derogar el Estado de Emergencia. El titular de la Legislatura, Omar Quintana, manifestó que no dará paso a esta decisión.

Víctor Hugo Rosero, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, respaldó al Presidente de la República y justificó la declaratoria del Estado de Emergencia.
Exhortó a los ecuatorianos a deponer actitudes beligerantes y a deponer la paz ante la anarquía y el orden frente al caos.

Violaciones

Derechos suspendidos

Art. 23 de Constitución

> La libertad de opinión y de expresión.
> La inviolabilidad de domicilio.
> La inviolabilidad y el secreto de la correspondencia.
> El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia.
> La libertad de asociación y de reunión, con fines pacíficos.

Cesaciones por resolución. PSC dice que propuesta fue del PRIAN
PRIAN quería conservar sus cuotas

Carlos Vallejo se convertiría en el voto 51; aunque, dos DP están resentidos.

Los diputados de la oposición están a la espera de la contra propuesta que el Partido de Álvaro Noboa se comprometió a elaborar hasta el próximo martes; después de que el pasado jueves condicionaron sus votos a mantener sus cuotas de poder. Desde ayer, las conversaciones entre los dos grupos se intensificaron, en Guayaquil.

La única condición que dice poner la oposición es que el Congreso no designe a los nuevos magistrados; sin embargo, con tal de que el PRIAN dé sus nueve votos, trascendió que inclusive estarían dispuestos a ceder, en el sentido de permitir que la Comisión Calificadora sea designada por el Parlamento.

Tras un mecanismo

A pesar de todas estas observaciones el PSC, la ID y el PK sostienen que las puertas no se han cerrado; aunque, no dejan de hacer reparos a la actitud que su jefa de bloque, Silka Sánchez, tuvo durante las conversaciones.

"Hay que buscar un mecanismo para nombrar a la nueva Corte, no pueden ser los partidos políticos", expresó Alfredo Serrano (PSC). Mientras que, Carlos González (ID) se pronunció en el mismo sentido; pero, agregó: "El problema es que todos quieren repartirse, como si fueran bienes y servicios, los puestos en la Corte Suprema".

González ratificó que las dos condiciones del PRIAN son: que el Congreso nombre la nueva Corte y que se respeten sus seis espacios en las dos Salas de lo Penal; por lo que la reacción de la ciudadanía es trascendental. Señaló que las instituciones del Estado están fallando y, en este contexto, adelantar las elecciones no sería descabellado.

El voto 51

Más allá de esto, la oposición no deja de considerar otras alternativas que le ayudarían a concretar el voto 51, si tomamos en cuenta que el pasado martes le faltó un sólo voto para cesar a la Corte ‘ilegal’.

Aquí, el papel de Carlos Vallejo (PRIAN), quien afirmó que votará el próximo martes para cesar a la Corte independientemente de lo que haga su partido, es fundamental. "Hay que hacer renunciamientos políticos. Yo votaré el día martes; aunque, el PRIAN ya vaya por otro camino", añadió Vallejo.

Además, fuentes legislativas afines a la oposición afirmaron que un independiente también estaría a punto de virarse a su lado.

Mitad de la DP está resentida

El jueves, cerca de las 18h00, el diputado Ramiro Rivera (DP) dejó la negociación y Soledad Aguirre votó con el Gobierno horas antes, debido a que, por orden de Álvaro Noboa, se le quitó su espacio en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

En la reestructuración del 8 de diciembre, la DP consiguió el nombramiento de Ramón Alarcón como vocal del TSE, cuando los otros dos demócratas populares: Marcelo de Mora y Jaime Estado, prestaron su voto para que su partido no se quede fuera de este organismo.

Sin Rivera y Aguirre, la oposición se quedaría con 48 votos y, para el próximo martes, le sería más difícil la cesación.

PSC lanza otra propuesta mixta

El Partido Social Cristiano (PSC) elaboró otra alternativa que, según ellos, también podría constituir una salida. Se trata de una idea que no sería para confirmar la adhesión de los 50 que estarían seguros; sino para conseguir los votos de algunos independientes.

La idea es que otra vez, mediante resolución, se dé paso a tres puntos: cesación inmediata de la Corte; aprobación de una reforma a la Ley Orgánica de la Función Judicial con plazos establecidos, resultado de la recopilación de todas las propuestas presentadas en la Comisión de lo Civil y Penal (incluye primer y segundo debate) y; aprobar la consulta popular para elevarle a rango constitucional.

Con esto estarían de acuerdo todos los diputados, a excepción de los del PRIAN y del Gobierno; estos últimos impulsan sólo la reforma enviada por el Ejecutivo.

Fenocin propone salida a la crisis

Ante la crisis jurídica y política que vive el país, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) propone crear un frente social, para encontrar soluciones.

Dicho espacio, según Pedro De la Cruz, presidente de la Fenocin, debe estar integrado por representantes de organizaciones sociales con credibilidad y poder de convocatoria.

"Lo importante es encontrar una solución al problema jurídico, económico, político e incluso para definir las acciones en contra del Tratado de Libre Comercio (TLC)", dijo el presidente de la Fenocin, quien cree que hay que pasar de la protesta a la propuesta social.

Para De la Cruz la crisis política y moral generada por los políticos y por el propio gobierno, han conducido a que en el país no existan líderes que tengan el apoyo del pueblo.

Por ello calificó como "necesario y obligatorio que las organizaciones sociales y ciudadanas asuman el compromiso para recuperar el orden constituido y la seguridad jurídica del país" en un frente de propuestas.

"Caso contrario estamos a punto de un colapso, en donde todos los sectores entrarían en una crisis de graves consecuencias sociales, económicas y políticas", aseguró el dirigente indígena campesino.