La administración norteamericana instó al Congreso a prolongar la vigencia de la controversial ley "Patriot Act", considerada por muchos como una violación de la Primera Enmienda de la Constitución de los EUA, que prohíbe al gobierno de violar las libertades individuales de los ciudadanos.

En su intervención del martes pasado delante del comité judicial del senado, el Procurador General, Alberto Gonzáles, garantizó que la legislación fue aplicada 35 veces desde su aprobación, luego de los atentados del 11 de Septiembre del 2001, y que no hubo abuso de autoridad.

De acuerdo con la ley, las autoridades pueden tener acceso, sin autorización judicial, a la historia clínica, registros financieros, comerciales y laborales, información genética, correspondencia y comunicaciones, entre otros aspectos, de personas sospechosas de "terrorismo". La misma ley, cuyo plazo de vigencia expira en Diciembre, amplía también el concepto de "actividad terrorista", que paso a ser aplicada a grupos políticos, sociales y sindicales de los EUA considerados hostiles a la Casa Blanca.

Según la Unión Norteamericana por las libertades civiles, la controversia en torno de esta legislación ha llevado a cinco estados y 375 ciudades a aprobar resoluciones contra el "Patriot Act"

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Traducido por Fernando Henríquez