Otras seis empresas transnacionales petroleras que operan en Bolivia son investigadas bajo sospecha de contrabando de combustible hacia el exterior, reveló hoy el diputado Santos Ramírez, del opositor Movimiento al Socialismo (MAS).

El parlamentario dijo haber recibido 45 expedientes sobre contrabandos similares al cometido en febrero pasado por la empresa Chaco, subsidiaria de la inglesa British Petroleum, que sacó del país ilegalmente 26 mil barriles de petróleo.

Ramírez, quien lleva adelante una pesquisa sobre el caso Chaco, dijo que los nuevos casos afectan a esta empresa y a Andina, EBR, Transredes y otras transnacionales.

La compañía Chaco negó la denuncia de contrabando de combustible y alegó que se trataban de exportaciones con autorización gubernamental.

Sin embargo, el ministro de Hidrocarburos, Guillermo Torres, confirmó esa denuncia, ante lo cual Chaco se acogió a un mecanismo aduanal que le permitió pagar el valor del embarque, más de un millón de dólares, a cambio de no ser sometida a un proceso penal.

Torres dio por cerrado el asunto, pero el MAS insiste en entablar un proceso judicial por delito de contrabando, lo que implicaría condenas de dos a cinco años de prisión para los ejecutivos de Chaco, en caso de que fueran declarados culpables.

Tras el escándalo, expertos y analistas políticos manifestaron su preocupación por la falta de capacidad estatal para impedir que las empresas saquen hidrocarburos de contrabando y por la posibilidad de que se trate de una práctica generalizada.

Ramírez demandó por otra parte una investigación sobre el cumplimiento de los contratos de operación de las transnacionales, cuya legalidad fue puesta en duda por el Tribunal Constitucional.

Señaló que de esa manera se verificará si esas empresas brindan seguridad jurídica a Bolivia de la misma forma que la reclaman para proteger sus intereses.