Uno de los 100 ciudadanos colombianos imputados por el delito de rebelión militar, Luis Roberto
Grismaldo Plazas, confesó que fue contratado para cumplir labores paramilitares en Venezuela.

Según su testimonio, los ciudadanos reclutados en Colombia para ejecutar entrenamiento militar en Venezuela sabían que serían contratados para cumplir labores paramilitares en el país.

Durante la declaración que emitió ante el Tribunal Militar Número 1 aseguró que el trabajo se lo ofreció una persona apodada "Carlos", pero que también era reconocido con el nombre de José Ayala
Amado. Aseguró que este ciudadano era buscado por la justicia colombiana debido a su incursión en el paramilitarismo en el vecino país.

Refirió que "Carlos" le presentó posteriormente en Ureña a varios hombres a quienes identificó como comandantes "Cabezas" y "Jeferson", líderes de los grupos que eran reclutados y que serían
trasladados a la finca Daktarí, ubicada en Caracas.

Igualmente comentó que estos dos comandantes les dijeron que una vez instalados en la finca, recibirían un sueldo por el trabajo que iban a desempeñar.

"Jamás sentí que estábamos secuestrados, como lo han afirmado otros imputados. Teníamos libertad para salir a donde quisiéramos, pues así lo hicimos en varias oportunidades", afirmó.

El implicado agregó que fueron entrenados con fusiles, y que en la hacienda Daktarí había equipos de radiocomunicaciones con los cuales se podían comunicar con Colombia y Cuba.

Ante algunas inconsistencias en sus declaraciones y contradicciones, sobretodo porque es el único imputado, hasta los momentos, en confesar su culpabilidad frente a los hechos que se le
atribuyen, tres de los abogados defensores, Rafael Ángel Terán, Carlos Bastidas y Ana Mercedes D'Petit, solicitaron al tribunal la práctica de un examen psiquiátrico a Grismaldo Plazas.

Cabe destacar que este hombre ha intentado quitarse la vida en varias oportunidades, lo que ameritó trasladarlo a un lugar de máxima seguridad en la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), donde se
encuentra recluido.

El abogado Carlos Bastidas instó a que se le aplicara el artículo 128 del Código Orgánico Procesal Penal, y que fuera el tribunal el que decidiera, después del examen, si este ciudadano está mentalmente capacitado para continuar con el juicio.

La audiencia oral y pública continuará este miércoles, en el teatro del Ministerio de la Defensa.