Caracas- El presidente del Instituto Nacional de Tierras (Inti), Eliécer Otaiza, informó ayer que el organismo fijará la línea de acción a seguir en caso de que alguno de los “supuestos” propietarios de las fincas declaradas como tierras del Estado, abra procedimiento ante los tribunales.

Aclaró que el Inti respetará la decisión de un tribunal y que dependiendo de ésta “cambiaremos la maniobra, pues hay varias vías para nosotros solucionar este problema”.

En el caso de El Charcote, “si a un juez se le ocurre decir que es propiedad privada, vamos a demostrar que es falso que estaba improductivo porque lo invadieron, que posee una ganadería excesivamente extensiva. Vamos a demostrar su ociosidad. Podemos empezar por cobrar el impuesto predial, que va a ser muy alto, terminar con el juicio por violación ambiental y luego con el de infrautilización del suelo”.

Los dueños de fincas declaradas como del Estado, como son los casos del Hato Piñero y El Charcote, tienen 49 días para abrir procedimentos ante los tribunales agrarios para presentar sus alegatos y demostrar la titularidad de la tierra.

“Sé que Piñero pidió amparo, me dijeron que están en tribunales solicitando anular el acto; ellos se niegan a aceptar la decisión del Instituto”.

Según Otaiza, han tenido dificultades para comenzar el proceso de rescate de tierras en Hato Piñero, pues sus ocupantes se niegan a aceptar la decisión del Inti. “Somos tolerantes, es nuestra obligación entender el problema sentimental por el que atraviesan”.

El presidente del Inti señaló que están investigando la cadena de titularidad del hato Los Cocos (Apure), con una extensión entre 50 mil y 60 mil hectáreas, en el que “hay actividad productiva, pero hay variables en los linderos y comunidades indígenas afectadas por el problema del latifundio”.

Informó que el ente procesa unas 150 denuncias por casos de latifundio.