Washington- El caso de Terri Schiavo ha agudizado en Estados Unidos el debate legal sobre las competencias del Gobierno federal frente a los estados y sobre la potestad de los poderes públicos para entrar en asuntos privados.

El debate se ha intensificado tras la aprobación “in extremis” por el Congreso, el domingo pasado, de una ley que invalida la decisión del juez de la Florida que ordenó el viernes desconectar a Schiavo
de los tubos que la mantienen con vida.

El presidente de EEUU, George W. Bush, justificó este lunes la firma de la ley, al afirmar, en un acto en la ciudad de Tucson (Arizona), que la medida da "otra oportunidad (a los padres de Schiavo) de salvar la vida de su hija". Se espera que el juez federal que reciba el caso, una asignación aleatoria, pida que se mantenga a Schiavo con vida mientras las apelaciones corren su curso.

La ley, ratificada el domingo en la madrugada por Bush, "no tiene precedentes", dijo Robert A. Schapiro, profesor de Derecho en Emory University (Atlanta). Schapiro señaló que "el Tribunal Supremo ha sugerido que existe el derecho constitucional de negarse a aceptar tratamiento médico, incluyendo agua y comida, incluso si esa decisión provoca la muerte".

También indicó que tradicionalmente ha sido responsabilidad de los estados determinar cuál es la voluntad de la persona, y a raíz de ahí, actuar en consecuencia. En su opinión, la aprobación apresurada de la ley en el Congreso, donde los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras, es una "maniobra política" con la que los republicanos buscan satisfacer a la derecha evangélica, la base conservadora del partido.

La Cámara de Representantes dio el visto bueno al proyecto por 203 votos a favor y 58 en contra, con el apoyo mayoritario de los republicanos. Los demócratas, por su parte, se opusieron al proyecto de ley por considerarlo una violación de la independencia del Poder Judicial y de la separación de poderes que caracteriza el sistema democrático.

El jurista Levy no duda en calificar la denominada "Ley para aliviar a los padres de Theresa Marie Schiavo" de "inconstitucional", ya que "es competencia del Estado de Florida el determinar qué hacer en este caso". Aun así, cree que la ley seguirá adelante y que los legisladores se refugiarán en la vigésimo cuarta enmienda de la Constitución, según la cual no se puede privar de la vida a un individuo sin el "proceso debido".

En la Universidad de la Florida, donde el caso se sigue muy de cerca, el profesor de Derecho, Joseph Little, lamenta lo ocurrido. Little señaló que el acogerse a la vigésimo cuarta enmienda carece de sentido, ya que en este caso, que lleva siete años en los tribunales, está claro que la decisión del juez llega tras el "proceso debido".

La opinión pública parece compartir esta visión, según un sondeo divulgado por la cadena de televisión ABC. El 70 por ciento de los encuestados calificó de inapropiada la decisión del Congreso y el 67 por ciento indicó que tras la ley se esconden motivos políticos y no principios morales, según el sondeo.

Por su parte, Michael Schiavo, el esposo de Terri Schiavo, calificó de "una intromisión ominosa del gobierno" la ley promulgada por el presidente Bush, a lo que añadió que "todo ciudadano tiene derecho a decidir sobre su propia vida".