A pesar del mandato del Tribunal Supremo de Justicia, la normativa del Banco Nacional de Ahorro y Préstamo (Banap) y a la recientemente promulgada Ley Especial de Protección al Deudor Hipotecario de Vivienda, las entidades bancarias se niegan a reestructurar los créditos indexados de vivienda y de vehículos.
Por tal motivo, los diputados Darío Vivas, Rafic Souki y Carlos Colina Yánez emprendieron nuevas acciones en contra de la banca privada ante la Fiscalía General de la República y la Superintendencia de Bancos.
En su condición de integrantes de la Comisión Mixta que elaboró la ley especial del deudor hipotecario, los parlamentarios –representando a los afectados- consignaron un documento mediante el cual solicitan al titular del Ministerio Público, Isaías Rodríguez, agilizar el procedimiento que lleva a cabo el fiscal bancario con competencia nacional, José Benigno Rojas, contra la banca por la comisión de los delitos de usura y anatosismo.
Asimismo, los diputados pidieron a la Fiscalía General de la República velar por la protección de los derechos e intereses de los deudores hipotecarios, víctimas de los créditos indexados y la cuota balón, mecanismos crediticios que deben ser penados por las leyes, de conformidad con el artículo 114 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Presionando al Sudeban
La actitud negativa de la banca hizo que la Comisión Mixta que elaboró la ley especial del deudor hipotecario convocara nuevos encuentros para ejercer presión sobre aquellos organismos cuya competencia no ha sido activada.
Tal es el caso de la Sudeban, órgano del Estado encargado de controlar las entidades bancarias en sus diferentes facetas y que, a partir de la sentencia del TSJ y la normativa del Banap, tiene la misión de atender, orientar y emprender la reestructuración de los indexados conjuntamente con el Banap y los bancos.
Para el titular de la Sudeban, Trino Alcides Díaz, el camino recorrido por los afectados se convirtió en vía crucis, dada la negativa de las entidades bancarias de reconocer las decisiones emanadas de los entes competentes.
Sin embargo, en la reunión que se llevó a cabo este miércoles en la sede de la Vicepresidencia de la República con los representantes del Banap, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, Dirección de Registros y Notaría, el Indecu y las diferentes asociaciones de afectados por las dos modalidades de créditos, el superintendente indicó que asumió el caso como un punto de honor y, por ello, instó a los demás a resolver, en conjunto, la situación que agobia a más de 20 mil familias por créditos de vivienda y a otras 500 mil por créditos de vehículos.
Trino Alcides Díaz informó que la banca ha reportado casi 10 mil casos de créditos de vivienda, de los cuales mil 924 son por LPH y el resto están fuera de esta providencia.
A la Sudeban sólo han llegado 1.643 denuncias. 1.033 de ellas han sido tramitadas y únicamente consideradas procedentes 761.
El superintendente aclaró que la cifra de la banca en nada corresponde a la presentada por las asociaciones de afectados. Asimismo, aseguró que la banca no tendrá más prórrogas para culminar el proceso de reestructuración de los créditos, así que tienen hasta el 31 de marzo.
Por último, informó que en virtud de que la Sudeban no tiene oficinas en el interior del país, se llegó a acuerdos con los despachos de la Fiscalía en materia bancaria con competencia en los estados, y con el Indecu. Por lo pronto, se tramita la atención de los afectados en las alcaldías. |
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